“Que tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu medicina” Hipócrates
En noviembre de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a la Ley General de Salud, específicamente sus artículos 210 y 212, en donde se estableció la obligación que el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas de advertencia debe hacerse en forma separada e independiente a la declaración de ingredientes e información nutrimental; esto, con la intención de indicar los productos que excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos críticos e ingredientes que establezcan las disposiciones normativas competentes.
Lo anterior, y de acuerdo a la iniciativa que motivó el cambio jurídico, se encuentra que el legislador consideró que la diabetes y la hipertensión arterial son la principal causa de mortalidad de adultos en todo el planeta, valorando además que si bien, México previo a esa reforma había adoptado un sistema de etiquetado a esa clase de productos, no tuvo el impacto deseado; razón por la cual, se tomó como ejemplo el etiquetado de Chile, Brasil, Perú y Canadá, señalando que dentro de sus beneficios se tiene: 1. Cuenta con la mejor evidencia científica sobre su facilidad de comprensión; 2. Es el mejor comprendido en la población mexicana; 3. Al ser más simple, permite la toma de decisión en unos cuantos segundos; 4. Existe evidencia de que puede ser comprendido incluso por niños; entre otros.
Con motivo de esa reforma, se modificó la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, referente a las “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria”.
Como consecuencia, diversas empresas como Herdez, Alimentos Del Fuerte, McCormik y Nutrisa, se inconformaron contra el aludido artículo 212 y la NOM, presentando diversos juicios de amparo, mismo que por su trascendencia, fueran atraídos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en revisión 465/2022.
Y, en sesión del 22 de abril del presente año, la Suprema Corte determinó, mediante un ejercicio de test de proporcionalidad, que la reforma a la Ley General de Salud primeramente es una medida constitucionalmente válida, ya que protege los derechos a la salud, alimentación, derechos del consumidor y del interés superior del menor; además, llegó a la conclusión de que es el medio idóneo ya que permite a los consumidores realizar elecciones más saludables, a partir de identificar de manera fácil y rápida los productos nocivos para la salud.
Además, el Máximo Tribunal consideró que resulta la herramienta más efectiva y rápida para lograr el fin pretendido por la norma y señaló que es una medida necesaria, al referir que no existe otro sistema idóneo para proporcionar al consumidor información rápida, sencilla y clara para conocer los ingredientes críticos por el exceso de un producto preenvasado y que resulta una medida proporcional, toda vez que las ventajas que se obtienen para la población en general es mayor a las posibles afectaciones que pueden ocasionar a los productores.
Una vez más, la Corte ha decidido una controversia en la que existía mucho interés por parte de las empresas alimenticias, y ésta ha demostrado la fuerza en su decisión, prevaleciendo los derechos humanos que se han detallado, sobre el poder económico de unos cuantos.
RECOMENDACIÓN SEMANAL: Serie de la plataforma netflix “Bebé Reno”, un drama psicológico con un toque de humor negro, no apto para menores de edad ni mayores de edad sensibles.
POR ARNOLDO HUERTA RINCÓN
Twitter: @arnhuerta
