El consumo de sustancias que alteran los sentidos tiene registros muy antiguos en la historia de la humanidad y en las culturas antiguas de Asia, Europa, África, y América. Desde los fermentos, vinos y licores destilados de la uva, el trigo y la cebada, hasta la ingestión de hongos y otras sustancias alucinógenas naturales, el consumo de drogas ha estado presente en el desarrollo de todas esas culturas. En el siglo XX la presencia de los ejércitos de Gran Bretaña, Francia, Italia y Estados Unidos en China y los países del sudeste asiático contribuyó la expansión del uso no medicinal del opio y las drogas derivadas cómo la morfina y la heroína.
En el siglo XX en México la siembra de la marihuana creció en distintas entidades federativas y el cultivo de la amapola y el procesamiento de sus derivados como la morfina y la heroína, y actualmente la producción de cocaína y fentanilo, se convirtieron en el sello de identidad de algunos lugares dedicados a la producción y venta de esas drogas fundamentalmente para su exportación hacia Estados Unidos,
Hasta finales del siglo pasado las bandas dedicadas al tráfico de drogas mantenían acuerdos con las autoridades federales y las de los estados dedicados a su cultivo y procesamiento, lo que permitía al Estado mexicano mantener el control y la tranquilidad en los pueblos, las ciudades, y las vías de comunicación. Así fue hasta que la incidencia delictiva repuntó y uno de los focos que originaban esta situación eran los grupos del crimen organizado que tenían entre sus actividades el tráfico de drogas.
En el 2006 el Presidente de la República Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y estableció una estrategia de combate frontal a los grupos dedicados a la producción, transporte y venta de drogas en el territorio nacional y hacia el extranjero. Se visibilizó la presencia abierta y desafiante en algunos estados de la república de grupos delictivos que hicieron pública su identidad y su presencia y reclamaron violentamente el dominio de lo que consideraban sus territorios frente a otros grupos delictivos y a las propias autoridades. Se generó el mayor número de homicidios y la incidencia mayor de otros delitos como el secuestro, la extorsión, el cobro de piso a toda clase de negocios. Durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto que inició en el año 2012 la guerra al narcotrafico se mantuvo con algunas variantes, con resultados muy similares a los del periodo anterior.
En el 2018 el Presidente de la República Andres Manuel López Obrador declaró la terminación de la guerra contra el narcotráfico y señaló que en su gobierno no se ordenarían matanzas de mexicanos realizadas por las autoridades, convocó a la pacificación y le propuso al Poder Legislativo la expedición de leyes para la creación de una Guardia Nacional y la autorización al Ejército y la Armada para participar en actividades de seguridad pública en beneficio de la población. Se dividió el territorio nacional en 266 circunscripciones de seguridad pública y se desplegó en ellas a 150 mil elementos de la Guardia Nacional. En paralelo se crearon programas sociales, se impulsó el aumento del salario mínimo, la recuperación del empleo, y programas de salud y vivienda.
En la actual campaña electoral la candidata Xóchitl Gálvez de la Coalición Fuerza y Corazón por México ofrece acabar con lo que ella considera apapachos y consideraciones a los criminales y actuar con todo el peso de la ley contra los delincuentes confrontándolos para brindarle al pueblo de México la tranquilidad que se merece. Afirma que a ella no le va temblar la mano para aplicar la ley y ofreció construir una mega cárcel para confinar en ella a todos los delincuentes que atentan contra los mexicanos.
La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum dice que su gobierno trabajará para construir la paz y ofrece profundizar en la estrategia de atacar el problema de la inseguridad desde sus orígenes atendiendo a la población más desprotegida con programas sociales, programas de salud, becas para la educación, creación de empleos y construcción de vivienda. Hacer una reforma del Poder Judicial para acabar con la corrupción y la impunidad, mantener la presencia del Ejercito y la Armada en acciones de seguridad y mantener y aumentar el despliegue de la Guardia Nacional para que también sea policía de proximidad y primera respuesta y controlar la incidencia delictiva.
La decisión de los electores en materia de seguridad parece estar entre la guerra y la paz, y aunque las estrategias coincidan en el método en algunas acciones, en la forma y en los fines está la diferencia de fondo.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ