Más de 93 millones de mexicanos podrán salir hoy a las urnas para elegir a la primera presidenta de México, algo que por sí mismo representa un hito.
Pero no es solo esa la trascendencia de esta jornada electoral. Hoy, la República vivirá la elección más grande de su historia, con la renovación además de la Presidencia, del Senado, la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, más de 1,500 alcaldías, y más de 1,000 diputaciones locales.
En Tamaulipas, por ejemplo, donde poco más de 2.8 millones de ciudadanos están en posibilidad de salir a votar hoy, se renovará todo el sistema de gobierno a excepción de la gubernatura.
Están en disputa 43 ayuntamientos, 36 diputaciones locales -22 de mayoría y 14 plurinominales-, ocho diputaciones federales y tres posiciones en el Senado. Todo ello, en el marco de una elección histórica y de alta polarización. La retórica intensa y, a veces, agresiva entre los partidarios de Sheinbaum y Gálvez ha exacerbado las divisiones sociales y políticas en el país.
Este proceso electoral ha generado un debate vigoroso sobre el futuro de México, involucrando a ciudadanos de todos los sectores y regiones, lo que hace suponer que este domingo habrá un elevado porcentaje de participación. Y aunque hay un tercer candidato en la boleta presidencial, Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, las encuestas y el ánimo ciudadano hacen pensar que la competencia real es entre la candidata de la coalición Sigamos haciendo historia -integrada por Morena, PT y PVEM- y Fuerza y Corazón X México -compuesta por el PAN, PRI y PRD-.
Las plataformas de Sheinbaum y Gálvez presentan visiones distintas para México. Sheinbaum aboga por la continuidad de las políticas sociales y económicas de la administración actual, enfatizando la necesidad de reducir la desigualdad y fortalecer los programas sociales. Su llamado ha sido claro a profundizar la llamada Cuarta Transfomación.
Gálvez, por su parte, propone sobre todo, terminar con este modelo político que, asegura, busca volver a los tiempos del partido hegemónico y perpetuar la corrupción.
Quienes simpatizan con la oposición, advierten que si la coalición de la 4T logra la presidencia y una mayoría calificada en el Poder Legislativo, eso les permitiría cooptar o incluso desaparecer algunos organismos autónomos, lo que según su visión pondría en entredicho la viabilidad de la democracia mexicana. En los últimos meses, han surgido propuestas de reforma que buscan modificar la estructura y funciones del INE. Estas propuestas argumentan que el instituto necesita ser más eficiente y menos costoso.
Sin embargo, críticos de estas reformas advierten que podrían socavar su independencia y permitir una mayor injerencia del Gobierno en los procesos electorales.
El movimiento que impulso la candidatura de Xóchitl Gálvez, ahora conocido como la “marea rosa”: de hecho surgió como un colectivo en defensa del Instituto Nacional Electoral, con la frase: “El INE no se toca” como estandarte. La CNDH es otro organismo autónomo que ha sido blanco de críticas y propuestas de reforma, lo que mismo que el INAI se encarga de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. En esta elección también se ha puesto sobre la mesa el futuro del Poder Judicial. Mientras el proyecto político de la 4T ha insistido con claridad en la necesidad de una reforma integral que incluya hasta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la elección popular de jueces, la oposición advierte que esto significaría romper la independencia de la justicia, y eso también abonaría a un modelo más autoritario de gobierno, sin contrapesos.
Las reformas propuestas incluyen cambios en la estructura y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, la creación de nuevos tribunales especializados, la implementación de tecnologías digitales para agilizar procesos y la modificación de los procedimientos de selección y evaluación de jueces, lo cual según sus promotores, serviría a la eficiencia del sistema judicial y a fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro del poder judicial.
La reestructuración del Consejo de la Judicatura Federal y la implementación de procedimientos más estrictos para la selección y evaluación de jueces, advierten, podrían ayudar a combatir la corrupción y asegurar que los funcionarios judiciales actúen con integridad y profesionalismo. Se trata, en definitiva, de dos modelos distintos de país. Pero para que estas reformas ocurran, la 4T necesitaría alcanzar la mayoría calificada que actualmente no tiene ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores
En San Lázaro por ejemplo, tener la mayoría absoluta y la mayoría calificada es crucial para las discusiones venideras: el Presupuesto de Egresos de la Federación y los próximos nombramientos de relevancia en la Cámara de Diputados. La reelección o no del Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, en 2025, requiere mayoría calificada.
También está el nombramiento de tres nuevos consejeros electorales en abril del 2026, proceso donde las fuerzas políticas deben negociar la conformación del Comité Técnico de Evaluación para valorar a los aspirantes. El proceso electivo señala que los nombramientos deben cumplir con mayoría calificada y, en caso de no haber acuerdo, se recurre al método del sorteo, como ocurrió por primera vez el año pasado cuando fueron electos 4 consejeros el año pasado. En Cámara de Diputados también se aprueban a los funcionarios de Hacienda, aunque es por mayoría absoluta. Por todas estas razones, la elección presidencial de 2024 en México es un evento histórico.
Con cifras de participación ciudadana en niveles altos y una contienda compleja, el país llega a otro momento decisivo para su desarrollo.
POR STAFF
