A reserva de que hoy se confirme con la entrega de la constancia de mayoría, de acuerdo al portal digital de los cómputos distritales, la alianza de Morena le habría arrebatado una diputación más a Acción Nacional.
El resultado del distrito 22 en el PREP había cerrado con una mínima ventaja de 110 votos en favor de Maribel Medina, de la alianza PAN-PRI, pero al cierre del cómputo ayer por la noche, se reportaba el triunfo de Ana Laura Huerta, por casi 300 votos de diferencia.
Ahora mismo, en Tampico continúa el recuento de votos en el Distrito 22, donde Pepe Schekaiban llevaba ventaja, con lo que se confirmaría como el único diputado electo de mayoría de Acción Nacional.
Si se confirman estos resultados, Morena tendría 21 diputaciones de mayoría en un escenario muy similar al de la Legislatura 64, pero en sentido inverso.
En la elección del 2019, inédita por haberse disputado solo el Poder Legislativo, con una participación ciudadana bajísima y resultados desastrosos para el partido guinda, Acción Nacional arrasó en el Congreso con carro “casi” completo.
Solo se les escapó un distrito de Matamoros, donde obtuvo el triunfo la entonces morenista, ganó Leticia Sánchez Guillermo, quien luego se hiciera célebre por chapulinear a Acción Nacional, luego regresar a Morena, y finalmente saltar de vuelta al bando azul.
En aquella legislatura, además de las 21 diputaciones ganadas en las urnas, al PAN le correspondieron dos más por la vía plurinominal, y formó de facto una alianza con los dos priístas -también pluris- para formar una mayoría calificada que operó como aplanadora en el Congreso.
Esa composición fue la que le permitió al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca blindarse a sí mismo y a su administración.
En febrero del 2021, cuando la Fiscalía General de la República inició el proceso de desafuero, el Congreso local aprobó en fast track una reforma para que fuera el legislativo estatal el que pudiera decidir a final de cuentas la solicitud de la declaratoria de procedencia.
Así ocurrió cuando finalmente en mayo de ese mismo año, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero, unas horas después el Congreso sesionó para rechazarlo.
Si se confirman los últimos cómputos y el reparto de posiciones plurinimonales de acuerdo a lo que marca la ley, Morena y aliados tendría una mayor hegemonía que aquella poderosa bancada panista.
Aunque formaron una alianza, el Partido Verde y el Partido del Trabajo tendrán derecho a sus propios plurinominales -uno a cada uno, por lo menos-, y quizás un par para Morena, y otros dos para Movimiento Ciudadano, lo que dejaría una cantidad limitada para el PRI y el PAN, que los convertirá en una bancada meramente testimonial, con escasas posibilidades de frenar las iniciativas de la 4T.
Es previsible que en el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas se desarrolle un intenso debate por el reparto de los plurinominales, similar al que se se dará en el pleno federal, por una supuesta sobrerrepresentación de Morena.
El tema es tan trascendental -de eso depende la solidez de la mayoría morenista- que el asunto seguramente terminará en los tribunales, a donde recurrirá la oposición para intentar revertir los efectos de la derrota estrepitosa del domingo.
En manos
de la Corte
Hay una serie de controversias constitucionales que ya están siendo analizadas por la SCJN, y que podrían definir las facultades del gobernador durante el inicio de su administración. Van desde el Control del Congreso, hasta la creación de la Super Fiscalía:
Decreto 65-172: Modificó la Ley de Organización del Congreso para elevar a dos terceras partes, la votación requerida para cambiar al presidente de la Jucopo.
Decreto 65-182: Creó la figura de la “carta de antecedentes de no corrupción”, que expediría la Fiscalía y se pediría a los proveedores para hacer contratos con el estado y con municipios.
Decreto 65-183: Otorga a la Fiscalía General de Justicia el control del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y los C5.
Decreto 65/184: Saca de los consejos de administración de las Comapas, a los representantes del municipio (sólo deja al alcalde) y del estado, y da la mayoría de votos a “representantes sociales”.
Desde la reforma para asegurar el control de la Junta de Coordinación Política, hasta las nuevas atribuciones que le otorgaron a la Fiscalía General de Justicia, hay un equipo jurídico trabajando para revertir todas las reformas que consideran inconstitucionales y abusivas.
Todo ello, basándose en el principio de que se crearon ex profeso para complicar los primeros pasos de un gobierno que ganó legítimamente en las urnas.
Quienes están detrás de la estrategia legal de la 4T en Tamaulipas confían en que muchas de estas iniciativas sean anuladas, para que el marcador quede -por lo menos- empatado.