TAMAULIPAS, MÉXICO.- El oneroso contrato del Gobierno del Estado con la empresa Tres 10, S.A. de C.V que operaba el C5 finalmente fue finiquitado y todos los bienes del inmueble ya son de propiedad pública.
El gobernador del Estado, envió al Congreso de Tamaulipas una iniciativa de decreto para reformar el Presupuesto de Egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal del 2024.
La iniciativa que fue recibida en el Poder legislativa, fue leída en el apartado de Correspondencia durante la sesión de este lunes en el Congreso Local, por lo que fue enviada a la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
La modificación al Presupuesto de Egresos solicitada, obedece a la terminación anticipada del contrato de Asociación Público-Privada (APP) para el servicio de red de seguridad pública contratada por seis años, contratado con la empresa Tres 10, S.A. de C.V. el 27 de junio de 2019.
El servicio contemplaba el desarrollo de la infraestructura y la provisión del equipamiento para el monitoreo y enlace estatal de video y vigilancia urbana, identificación vehicular carretera, atención de emergencias, diseño, creación, adecuación y equipamiento del centro de control y monitoreo, así como su mantenimiento por un periodo de seis años.
La empresa presentó un presupuesto de 4 mil 058 millones 456 mil 110.76 pesos, que incluían una tarifa para cubrir los costos de inversión, incluyendo capital de riesgo por 3 mil 038 millones 522 mil 549.56 pesos.
Así como la tarifa para cubrir los costos fijos por mantenimiento, a pagar durante el tiempo del contrato por mil 019 millones 933 mil 561.20 pesos; todo ello, teniendo como fuente de pago las participaciones federales del Estado, para lo que se constituyeron dos fideicomisos.
La empresa prestó sus servicios del 27 de junio del 2019 al 10 de mayo del 2023, aunque el contrato conservó vigencia hasta el 15 de diciembre del 2023.
Al inicio de la presente administración estatal, se llevó a cabo una auditoría sobre el contrato y se determinó iniciar el procedimiento de rescisión de contrato, por lo que a partir del 10 de mayo del 2023 se determinó la suspensión temporal del contrato.
Aunque la empresa Tres 10, S.A. de C.V se amparó, se derivaron diferentes recursos de queja; mientras que se realizó la contratación emergente para cubrir el mantenimiento de la infraestructura tecnológica del C5 y los subsecuentes regionales.
La Secretaría General de Gobierno emitió un dictamen de terminación anticipada de contrato, que fue notificado a la empresa el 15 de diciembre, en virtud de la suspensión del contrato que se prolongó más de 180 días.
Se acordó que el pago del finiquito del contrato se realizaría en dos exhibiciones, la primera el 31 de diciembre del 2023 y la segunda se pagó el 2 de febrero del 2024, mientras que la liquidación de los dos fideicomisos, se encuentran en trámite.
La solicitud del Legislativo es para que el Congreso autorice la modificación al artículo 50, a fin de redireccionar los recursos correspondientes a las previsiones de pago del Contrato de Asociación Público Privada para el Servicio de Red de Seguridad Pública.
Se busca que los mismos se dirijan a servicios en el rubro de seguridad pública, entre ellos, al servicio integral de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura de video vigilancia, sin que puedan ser utilizados para un ámbito distinto al de seguridad.
Por. Perla Reséndez
Expreso-La Razón
