En México la constitución considera a la democracia como una estructura jurídica, un régimen político, y un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
La estructura jurídica la integra una constitución y una legislación que regulan el funcionamiento de la sociedad y establecen las normas de la convivencia social, las que sirven para resolver controversias y las que castigan las conductas antisociales.
El régimen político es una república democrática, representativa, laica y federal, que se caracteriza en su forma de gobierno por la división de los poderes del estado que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
El poder judicial, integrado por juzgados, tribunales, y la Suprema Corte de Justicia, tiene como tarea fundamental la aplicación de la constitución y las leyes con un sentido de justicia para generar la confianza de los ciudadanos y contribuir a la tranquilidad y la paz social, por ello se espera que realicen su trabajo de manera honesta, confiable y eficiente.
Sin embargo, la opinión mayoritaria de los ciudadanos mexicanos es que en el Poder Judicial hay corrupción, impartición selectiva de justicia, impunidad y un acceso limitado para los ciudadanos comunes y corrientes que no cuentan con recursos para contratar los servicios de abogados que pertenezcan al tejido de intereses que hay en todo el aparato judicial. El ciudadano de a pie esta convencido de que solo los que tienen dinero ganan un juicio y que las cárceles están llenas de pobres.
Actualmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia son nombrados por el Presidente de la República que somete sus nombramientos a la aprobación de la Cámara de Senadores en donde los partidos políticos reclaman una cuota. Los magistrados y jueces son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, de tal manera que ninguno de ellos tiene vinculación directa, ni debe su nombramiento a la sociedad, ya que sus designaciones no pasan ni siquiera por la Cámara de Diputados que representa a la nación mexicana.
La reforma del Poder Judicial promovida en este sexenio por el Presidente considera el nombramiento de jueces, magistrados, y ministros de la Suprema Corte de Justicia por el voto directo, libre y secreto de los ciudadanos de la república, incluye también la reestructuración de los órganos de ese poder y la moderación de los altos ingresos que actualmente perciben.
En esa reforma los candidatos a jueces, magistrados y ministros, provendrían de las propuestas que harán los tres poderes del estado habiendo cumplido con los requisitos de preparación profesional, experiencia y honestidad, necesarios para hacer esa importante función. Seguramente en la primera elección habrá alguna dosis de desconcierto en los electores por ser ésta una experiencia nueva, pero la práctica de los nuevos integrantes del Poder Judicial demostrará si se cumplen efectivamente los propósitos de la reforma y los votantes sabrán si acertaron en su elección.
Dicho de otro modo y sin complicaciones, si los ciudadanos de México pueden elegir y darle legitimidad al Presidente de la República que es el Poder Ejecutivo del estado, si los electores pueden elegir diputados y senadores que son el Poder Legislativo, también pueden elegir y dotar de legitimidad a jueces, magistrados, y ministros del Poder Judicial para que actúen con el compromiso social que merece contar con la confianza de la sociedad.
La intención no es que el Poder Judicial emita fallos favorables a los ciudadanos por haber recibido su nombramiento o designación por el voto popular, lo que se pretende es que su compromiso con la sociedad que los elige motive que su desempeño sea honesto, imparcial, y apegado a la constitución y las leyes con un alto sentido de justicia y respeto a los derechos humanos, todo ello como forma de servir a la sociedad y de contribuir a la construcción de la paz y de una sociedad más justa.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
