El Plan C del presidente López Obrador que ya empezó a discutirse y podría ser aprobado a partir del 1 de septiembre entraña una transformación radical del sistema judicial y político de México.
Desde el mes de febrero, el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión un paquete de 20 reformas -18 de ellas constitucionales- en materia electoral, judicial, laboral, y de seguridad.
En aquél momento se habló de una estrategia del presidente para situar en el proceso electoral la discusión de la elección popular de jueces y la disminución de legisladores, entre otros aspectos que contemplan estas iniciativas.
Nadie, o muy pocos pensaban, que tras los resultados del 2 de junio, tan pronto como el 1 de septiembre esta batería de reformas pudieran ser aprobadas, gracias a la mayoría calificada que consiguieron Morena y sus aliados.
Ahora, ya nadie duda que el Presidente pisará el acelerador para reformar la Constitución.
Y de aprobarse sus iniciativas con el sentido en el que fueron planteadas, se materializarán cambios sustantivos en la estructura político-judicial de la República.
Lo más llamativo está ahora mismo en discusión como parte de los foros parlamentarios.
La reforma al Poder Judicial promovida por el presidente y respaldada por Claudia Sheinbaum, propone renovar la totalidad de los ministros, magistrados y jueces federales y estatales de todo el país.
Para ello, en el 2025 se llevarían a cabo elecciones abiertas en las que participarían todos los empadronados en la lista nominal, para elegir a a 1,633 magistrados y jueces de distrito, además de nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Eso solo en el ámbito federal, pues de adecuarse la ley para las entidades, en el Poder Judicial de Tamaulipas se definirían en las urnas mas de 100 juzgados del poder local, incluidos diez magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.
El artículo Transitorio Octavo de la reforma así lo mandata: “Las Legislaturas de las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que correspondan para dar cumplimiento al mismo. Entre tanto se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia”.
En las elecciones para designar a los nuevos representantes del Poder Judicial no podrían participar los partidos políticos, y contarían con reglas y candados para procurar que sean elegibles solo perfiles bien calificados.
El novedoso proceso electoral sería organizado por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que será creado también a través de la reforma electoral enviada por el Presidente y que también plantea la reducción del número de senadores, diputados -federales y locales- e integrantes de los Ayuntamientos.
El INEC absorbería las funciones y atribuciones de los órganos públicos locales y desaparecería el Tribunal Electoral de Tamaulipas, pues la iniciativa contempla que sea el Poder Judicial de la Federación el que resuelva todos los asuntos que se deriven de los procesos electorales.
Los integrantes del INEC y del Tribunal Electoral también serían electos mediante voto popular.
El cambio será radical, pues además se reducirá el número de diputados federales de 500 a 300, al eliminarse las 200 posiciones plurinominales, y el Senado pasaría a 64 escaños, dos por cada estado, que serían elegidos de manera directa por votación de mayoría relativa.
Además, el Congreso de Tamaulipas, que actualmente tiene 36 espacios -22 de mayoría y 14 de representación plurinominal- pasaría a tener solo 20 curules; lo mismo ocurre con la conformación de los Ayuntamientos, que tendrían menos regidores y síndicos.
Se trata de reformas de gran calado, cuya discusión, votación e implementación marcarán la agenda pública del país y del estado durante los próximos años.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES