La estructura judicial está conformada por tres sectores fundamentales: las leyes que definen criterios de justicia; los ministros, magistrados, jueces y ministerios públicos que juzgan; y el poder legislativo que define las leyes del derecho. La reforma judicial del presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum Pardo se queda sólo en el nivel de quienes tienen en sus manos la aplicación de la justicia, pero sobre leyes que siguen respondiendo a los objetivos del viejo régimen priista.
Aún si se aprobara la iniciativa de reforma sin corregirle ni una coma –y en el entendido de que los juristas han endiosado la coma en sus textos escritos–, la aplicación de la Constitución y de las leyes que de ella emanan registran sin esconder objetivos que no cumplen con el criterio original de la justicia: equilibrar el sentido justiciero de las leyes.
Tal como está, la reforma judicial puede ayudar un poco a cambiar la orientación elitista de los acusadores y juzgadores, pero al final la Constitución y las leyes se basan en el principio de que sólo se deben aplicar lo que se autoriza, dejando al criterio de juzgadores los intereses, sentidos sociales y elitismos. Muchas quejas se han acumulado de ministros de la Corte han decidido en función de la Constitución, pero a partir de intereses ajenos a la sociedad.
El presidente López Obrador se ha encontrado con la realidad de los intereses de las élites judiciales: por ministerio de ley, al actual mandatario le ha tocado la responsabilidad de proponer y hacer aprobar a cinco de los once ministros, un número que implicaría una minoría suficiente para bloquear a la mayoría de ocho que requieren las grandes decisiones del pleno porque los seis restantes, por ejemplo, no permiten aprobar controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, a la hora de la operación política al interior del pleno, el presidente perdió primero el voto de José Luis González Alcántara y Ana Margarita Ríos Farjat y ahora se está encontrando con qué Loretta Ortiz Ahlf –esposa de su principal constructor– se opone a la reforma judicial presidencial; por tanto, en votos de pleno, el presidente sólo cuenta con los votos de Yazmín Esquivel Mossa y de Lenia Batres Guadarrama, dejando la mayoría de ocho para bloquearlo.
Este realineamiento de votos de ministros podría mantenerse si los próximos nueve ministros –ya no serán once– salen por votos de la sociedad, con la circunstancia agravante de que aún al margen de propuestas presidenciales y votaciones senatoriales que definen hasta hoy a los ministros los nuevos funcionarios de la Suprema Corte tendrán que aplicar las leyes constitucionales, y desde ahora pudiera preverse que inclusive sin la propuesta presidencial y salidos del anonimato popular, los ministros van a tener que decidir sobre esas leyes y no de lealtades.
La reforma judicial era necesaria, pero se perdió la oportunidad de convertirla en una verdadera revolución jurídica del Estado; es decir, antes de modificar la configuración de los jueces, magistrados y ministros debió de haberse cambiado el contenido de la Constitución, sobre todo porque en materia penal prevalecerán los ámbitos restrictivos de exclusividad del Estado y la cesión de soberanía jurídica a tribunales internacionales por razones del Tratado de Comercio Libre que firmó el presidente Salinas de Gortari a partir de su pensamiento y política económica neoliberal, con el apoyo del parlamentarismo priista dominante.
Los inversionistas extranjeros están manipulando lenguajes de pánico bajo el supuesto de que la reforma impondrá jueces, magistrados y ministros palomeados por la 4-T, pero a sabiendas de que las leyes actuales cedieron el dominio de decisiones a los intereses de inversionistas extranjeros y diluyeron el sentido de la rectoría del Estado que está marcada en la Constitución pero que el Estado neoliberal simplemente ha desdeñado.
En l realidad, provengan de donde sea –el voluntarismo presidencial o la cargada popular–, los funcionarios del Poder Judicial tendrán que aplicar las leyes actuales que fueron redactadas para beneficiar a los poderosos, a los propietarios de los medios de producción y a los inversionistas extranjeros. Y si de casualidad algunos nuevos jueces, magistrados y ministros se ponen la toga del pueblo para beneficiar al pueblo, los tribunales internacionales que dominan las leyes constitucionales mexicanos aplicarán la regla de oro de que el poderoso es el que manda.
Así que la reforma judicial debería ser el primer paso de una verdadera reforma integral de la justicia.
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Política para dummies: la política casi siempre está subordinada al poder.
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Por Carlos Ramírez
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