CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto 2,218 carpetas de investigación en Tamaulipas por delitos contra el Código Fiscal, como defraudación al SAT, y el uso de empresas facturares, mismos que ahora ameritarían la prisión preventiva en automático.
Esta semana, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modifica el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El dictamen, avalado con 20 votos a favor de Morena y sus aliados, 14 en contra de la Oposición y una abstención, plantea incorporar la extorsión, la producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas, como el fentanilo, el narcomenudeo, la defraudación fiscal y la compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas las facturas que amparen operaciones inexistentes, como delitos que ameritan esta medida cautelar.
De acuerdo con documentos de la FGR, Tamaulipas es el quinto estado del país con más carpetas abiertas por violaciones al Código Fiscal del 2012 a la fecha; el primer lugar es la Ciudad de México con 4,848, luego le sigue Sonora con 4,327, Chihuahua con 2,597 y Baja California con 2,449.
El año con más incidencia de estos delitos en la entidad fue el 2013 con 366 carpetas, luego le siguió el 2014 con 238.
Luego de una baja considerable en los años más recientes, en el 2023 hubo un incremento a 117 casos, mientras que hasta julio del 2024 se contabilizaron 67 carpetas.
En Tamaulipas, ha habido algunos casos de alto perfil relacionados con el uso de empresas factureras para presuntamente desviar recursos.
Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del estado dio a conocer que mantiene abiertos 300 expedientes contra empresas que simulan prestación de servicios, consideradas “fantasma”, así como relacionadas con el tráfico de huachicol, algo que también está incluido en los delitos con prisión preventiva oficiosa.
La aprobación de la ampliación del catálogo de estos delitos se da en contrasentido de lo que ha pedido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado mexicano modificar su normatividad en la materia, al considerar la prisión preventiva oficiosa como incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Recientemente, un informe del Poder Judicial de Tamaulipas publicado a través de transparencia, reveló que en el 43 por ciento de los procesos que se han recibido del 2015 al 2024, los jueces han incluido la prisión preventiva como medida cautelar.
De ese porcentaje, el 60% ha sido por la vía oficiosa, por el tipo de delito del que se acusa al detenido.
Durante los últimos ocho años -tiempo que lleva en funcionamiento el nuevo sistema de justicia acusatorio- los jueces locales de Tamaulipas han emitido 8,705 medidas cautelares, de las cuales 3,826 han incluido dejar en prisión al procesado, en 2,320 casos por prisión preventiva oficiosa y en 1,506 porque el Ministerio Público logró justificar la necesidad ante al juez.
Después de esa, la medica cautelar más dictada por el Poder Judicial ha sido la obligación de presentarse y firmar ante un juez u otra autoridad de manera periódica con 1,501 casos.
Luego está la prohibición de convivir o acercarse a las víctimas o testigos con 982 casos, que se combina con la restricción de acudir a ciertos lugares con 545 casos.
Además a 868 procesados se les ha prohibido que salgan del país o del estado. También se ha requerido la exhibición de una garantía económica, es decir una fianza, en 561 casos.
Por Staff
Expreso-La Razón
