CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Atender el rezago que existe en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, será una de las primeras tareas de Taidé Garza Guerra, nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tamaulipas.
Tan solo en este año, en la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hay ocho recomendaciones emitidas, dos de ellas a la Secretaría de Educación, dos a la Fiscalía General de Justicia del Estado, la mayoría de ellos con cumplimientos a medias.
Dos más al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (Conalep), una al Instituto del Deporte del Estado y una a la Secretaría de Seguridad Pública.
Una de las recomendaciones a la Secretaría de Salud se refiere a un caso de malos tratos y discriminación a dos profesoras por parte de una docente de una escuela en Matamoros.
La otra recomendación se refiere a un caso en una escuela de Reynosa donde una menor fue víctima de abuso sexual por parte del subdirector de la institución y por el que existe ya una denuncia penal.
De acuerdo con la denuncia ante Derechos Humanos, la directora del plantel, esposa del acusado, no ha informado sobre avances en la investigación del caso en el ámbito educativo, pese a que se comprometió a ello.
En la Recomendación al Instituto del Deporte, se refiere el caso de dos entrenadores de gimnasia que son acusados por cuatro menores, atletas de alto rendimiento de abuso sexual.
En cuanto a las Recomendaciones al Conalep, una de ellas es referente a una queja interpuesta por un ex trabajador que acusa al Instituto de no haber realizado los pagos de las aportaciones obrero-patronales ante el Fondo de Pensiones del IPSSET.
Sobre este caso existe además una demanda ante la Junta Especial de Conciliación, en la que acusa la omisión de un millón 060 mil 852.93 pesos correspondientes desde el 01 de septiembre de 1993 al 31 de diciembre del 2006.
Una segunda Recomendación también se relaciona a un laudo por un millón 501 mil pesos 142.06 pesos, por la omisión en el pago de las cuotas patronales ante el Fondo de Pensiones del IPSSSET.
La Recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública es de una persona recluida en el penal de Victoria, quien acusa tortura por parte de elementos policiacos, que lo acusaron de un delito que asegura no cometió.
Una Recomendación a la Fiscalía del Estado es por un caso de desaparición de una persona con fecha 01 de abril del 2011, y que entonces le informaron que había sido detenido junto a otros amigos, por presuntamente faltarle el respeto a una pareja.
De acuerdo con la denuncia, los otros amigos serían liberados, pero de él ya no sabe desde esa fecha, acusando que las autoridades no le han dado seguimiento al caso.
De acuerdo con el reporte de la autoridad, las recomendaciones no se han cumplido a cabalidad.
En 2023 hay 30 recomendaciones emitidas a diferentes dependencia del Estado, por temas diversos y también con cumplimientos parciales; lo mismo ocurre con las 27 recomendaciones emitidas en 2022.
En 2021 se emitieron 14 recomendaciones, otras 11 en 2020, hay 14 en 2019; otras 16 en 2018; se tiene registro de 24 en 2017 y 32 más en 2016, la gran mayoría de ellas con cumplimientos apenas parciales, faltando en muchos casos la reparación del daño de la víctima.
Taidé Garza Guerra es Doctora en Derecho con una amplia trayectoria como catedrática, defensora y presidenta del Consejo Tutelar en Tamaulipas, directora del Centro de Actualización Judicial en el Supremo Tribunal de Justicia y promotora en derechos humanos, reconoció que existe un mucho trabajo y rezago en el trabajo de la dependencia.
Desde 1991 se desempeñó como Directora de Atención a los Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables en la misma Comisión de Derechos Humanos del Estado, donde laboró durante 25 años.
Al conocer de primera mano las prioridades, dice sin temor a equivocarse que son los grupos vulnerables los que requieren de mayor atención, entre ellos, mujeres, adultos mayores y personas privadas de su libertad.
“Los grupos vulnerables, principalmente y ayudar a todas las personas que menos recursos tienen, escucharlas en sus necesidades, sus quejas, revisar el seguimiento de recomendaciones”.
Así como revisar la situación de quienes están en algún centro penitenciario, donde asegura existe rezago en el seguimiento a las quejas sobre violaciones a sus derechos humanos, lo que incluso en algunos casos pueda evitar que salgan pronto.
“Ver la situación de las personas que están en los centros penitenciarios, porque hay rezago y que puedan salir, porque sus beneficios hay que leerlos y revisarlos y ayudar a todas personas que de una u otra forma han estado desatendidas”.
La hoy Ombudsperson reconoció que hay asuntos que se tienen que atender a la brevedad, pues han permanecido en rezago, especialmente para las personas vulnerables.
“Sí hay rezago y habría que ver el programa de seguimiento de recomendaciones y algunos otros como el sistema penitenciario, la situación de las niñas y niños, es decir de las infancias en Tamaulipas, si hay quejas o recomendaciones pendientes, para irlas atendiendo, darles prioridad a aquellos que más requieran la atención”.
Garza Guerra, comentó que sería difícil que una institución como la Comisión de Derechos Humanos desaparezca, pues responden a una necesidad de los ciudadanos, especialmente de los más desprotegidos.
“Lo veo difícil, porque estos organismos están para proteger a la ciudadanía, es una instancia, un recurso al que acuden las personas que no tienen la solvencia económica para promover amparos, pagar abogados que vean por sus derechos”.
Señaló que unos de los objetivos principales de la Comisión de Derechos Humanos es atender la vulneración de los derechos de las personas por parte de las autoridades, por lo que ofreció “honestidad, integridad, compromiso, responsabilidad y la atención prioritaria a las personas que más lo necesitan”.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
