La presencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia en la ceremonia de entrega del acta de presidencia electa a la candidata morenista Claudia Sheinbaum Pardo parecía haber sido un acto institucional, pero fue un momento de conflicto gravísimo entre poderes: la próxima mandataria 2024-2030 dejó claro que ganó las elecciones con casi 60% de los votos, que espera la decisión jurídica para obtener la mayoría calificada en el Congreso y que la reforma judicial va que va.
En este contexto, todo indica que la ministra presidenta Norma Piña Hernández va de tropiezo en tropiezo; en términos legales, su presencia era innecesaria en la sala del pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero todo el cuerpo colegiado del Poder Judicial como tercer poder constitucional significó un sometimiento político al acto de reconocimiento formal de la condición de Sheinbaum como próxima presidenta constitucional de la República.
Sin embargo, al salir del evento y luego de haberse despedido formalmente de mano y con un beso en la mejilla de la próxima presidenta, la ministra piña regresó a sus oficinas de la Suprema Corte para seguir operando el paro judicial total –no parcial– de toda el área que tiene que ver con la aplicación legal de la justicia y que hay presiones internas de los grupos radicales que están optando por la ruptura institucional para que ese paro sea permanente hasta que el presidente López Obrador y su partido retiren y congelen la iniciativa de reforma judicial que ya ha sido aprobada en dictámenes legislativos por proceso constitucional y sólo espera el inicio de la próxima legislatura el 1 de septiembre.
En este choque entre Poder Judicial contra una decisión del Poder Ejecutivo, la oposición legislativa brilla por su ausencia; el PRI, el PAN y las posiciones perredistas ya sin partido tienen problemas internos para definir sus próximas dirigencias, los tres están padeciendo confrontaciones domésticas que les impiden atender decisiones legislativas como poder constitucional y hasta ahora no hay ningún posicionamiento claro respecto a la iniciativa de reforma judicial que ya entró en un proceso en la legislatura que se va y hasta ahora esas tres posiciones de oposición sólo han anunciado que votarán en contra, pero ante la inminencia de una mayoría calificada de Morena y aliados.
En su discurso de definición de su presidencia al momento de recibir el acta de presidenta electa, Sheinbaum fue muy clara en los objetivos del arranque de su administración: esperar la asignación de plurinominales para construir la mayoría calificada de más de las dos terceras partes de la bancada y decirle de frente a la ministra presidenta de la Corte que el voto popular legal apoyó la agenda de reformas sistémicas y de estructura política, de manera sobresaliente la reforma de la justicia.
Otro dato significativo en la ceremonia del viernes fue el hecho de que el grupo social opositor –gelatinoso y hasta aguado– conocido como Marea Rosa no pudo configurar una protesta masiva como la marcha de finales del año pasado en contra de la reforma de la Corte, pero lo más significativo ha sido el hecho de que la oposición a decisiones del Gobierno lopezobradorista se presenta dividida y sin un liderazgo de calidad política y moral: la Marea Rosa como resaca, los priistas y panistas destripados que andan en busca de un grupo que los acoja, la élite de liderazgos sociales individuales que mezclan activistas desprestigiados y figuras sociales que sólo quieren presentarse como opinión moral y no participar en una organización formal, las desarticuladas estructuras y militantes de los tres partidos de oposición, los intelectuales de redilas que en masa apoyaron a la candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz y pidieron a sus seguidores culturales que por favor votarán por el PRI, el PAN o el PRD y ahora ya están firmando otros desplegados de redilas en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro y los periodistas que asumieron ya la condición de comunicadores militantes a favor de figuras y partidos políticos, pero todos ellos desperdigados en sus propios territorios.
Sin ningún espacio fortificado en el Poder Legislativo donde se va a discutir la reforma judicial, la ministra Piña como comandanta de la rebelión social en modo de paro total de labores de todos los prestadores del servicio de Justicia se quedó en medio de un vacío de poder y no pudo –o no la dejaron los miembros del bloque duro de la Corte– abrir un verdadero camino de negociación de un consenso sobre la reforma.
Si hay paro judicial permanente, el cártel de la toga y el birrete va a romper el orden constitucional.
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Política para dummies: la política –y es muy difícil que lo entiendan los políticos– ese entendimiento o guerra.
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Por Carlos Ramírez
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