El paro de labores indefinido que iniciaron esta semana los trabajadores del Poder Judicial, tendrá consecuencias directas en las actividades de esa institución en todos sus niveles, Pero también políticas y sociales.
Desde los retrasos -más de los habituales- hasta posiblemente el encarecimiento de los procesos en curso por los pagos que deban hacerse a abogados y gastos diversos, son algunos de los temas que dominan la conversación pública, especialmente entre abogados y personas que tienen algún tipo de relación con esas instancias.
La inacción de los empleados del Poder Judicial en todo el país es una respuesta legítima a lo que consideran la defensa de sus derechos laborales, así como de los esfuerzos que han realizado durante años para forjar una carrera en esa institución.
Es válido su argumento en el sentido de que la reforma constitucional planteada por el Presidente saliente va a trastocar la forma en que se integraría a partir de ahora todo el Poder Judicial, como también al sostener que se trata de una invasión y exceso de las atribuciones que tiene López Obrador.
Como ha sucedido en el sexenio con los trabajadores, campesinos y organizaciones sociales que han recurrido a las protestas sociales -cierre de carreteras y vías férreas, tomas de edificios públicos- sin que la autoridad intervenga para poner orden, así debería tratarse este conflicto que amenaza con escalar.
De entrada, ya puede considerarse un enfrentamiento duro entre el Poder Judicial, los jueces, magistrados y todo el personal, con el Presidente y sus seguidores incondicionales en el Congreso.
No está a discusión la urgencia de llevar a cabo una profunda reforma constitucional al Poder Judicial, pero sí existen diferencias en cuanto a la forma, pues hay un enorme desacuerdo en lo que se refiere a los objetivos ulteriores que busca el Presidente, quien en su gobierno ha tenido una muy mala relación con la Suprema Corte a cuyos ministros y también a los jueces, ha puesto una etiqueta de delincuentes sin aportar elementos de prueba.
Es grande el riesgo de que siga ese enfrentamiento y finalmente los diputados de Morena, Verde y PT accedan a cumplir las órdenes que les dé López Obrador para aprobar la reforma. No obstante, las consecuencias se verán más adelante.
Este parece ser el último enfrentamiento de un Andrés Manuel rijoso, terco, audaz pero también rabiosamente empeñado en querer controlar, reducir o liquidar a quienes tradicionalmente han sido sus adversarios.
Pero está en el tramo final de su gobierno y sorprende que él, tan buen conocedor de la vieja política mexicana en la que se formó, olvide por ahora que todos son ciclos y tarde o temprano le tocará estar ante un ajuste de cuentas de todos aquellos a los que ha agraviado, incluyendo al Poder Judicial.
EL DOBLE JUEGO CON LOS MÁS RICOS
Desde antes de ganar las elecciones de 2018, la relación de Andrés Manuel con el sector privado y particularmente los grandes empresarios, estuvo marcada por el desprecio, la ofensa y la agresión.
Con base en sus argumentos y razones, López Obrador no bajó de delincuentes de cuello blanco a los hombres y las mujeres del dinero, a quienes casi todos los días acusó de la más variada clase de delitos: evasión fiscal, abuso de las leyes de amparo, colusión con servidores públicos para ganar contratos y simular competencia, financiamiento de grupos sociales y organizaciones no gubernamentales que no coinciden con su forma de pensar y muchas cosas más.
Sin embargo, en el sexenio agonizante los empresarios más ricos aumentaron su riqueza y también surgieron nuevos integrantes de esa élite.
En los hechos, aquellos a los que López Obrador tildó de delincuentes de cuello blanco, explotadores, abusivos beneficiarios de sus relaciones con el poder en turno y “fifis” conservadores, son uno de los grupos más favorecidos por la entrega de millonarios contratos de obra o de mantenimiento, lo mismo en la construcción que en infraestructura o en energía.
Apellidos como Slim, Bailleres, Salinas Pliego, Aramburuzabala y otros pertenecientes al grupo que durante años financió sus campañas a trasmano -entre ellos algunos tamaulipecos- también se beneficiaron en silencio, mientras públicamente Andrés Manuel los fustigaba. Claro, era parte del juego de doble cara que ha caracterizado al presidente saliente.
Ayer, Andrés Manuel tuvo la ocurrencia -sí, una más- al pedirle a los cinco empresarios más ricos de México que fueran a Palacio Nacional para participar en su conferencia de prensa matutina, en donde dijo que podrían hablar abiertamente y expresar su opinión sobre el tema de la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso.
Por supuesto que López Obrador sabe que nadie acudirá. Al menos nadie que sea lo suficientemente inteligente para saber que ir sería meterse en una emboscada, con los reflectores y la opinión pública controlada por el Presidente.
La ocurrencia se inscribe en el comportamiento que distingue al compañero Andrés Manuel desde hace años, pero agudizado por su uso excesivo del poder sin contrapesos.
Es una idea disparatada, porque bien se sabe que amplias franjas de la población mexicana le creen totalmente y a ciegas, si él dice algo que pueda hundir o enaltecer a alguien.
Por lo general, como lo hace con quienes no coinciden con sus puntos de vista o ideas, usa esa tribuna para criticar, señalar, acusar y destrozar reputaciones, sin que medie posibilidad alguna para que se defiendan sus acusados.
Por eso, la invitación hecha al vuelo a los cinco empresarios más ricos –¿por qué no a los 100, a los 50 o a los 20?-, será un pretexto más para que el Presidente saliente tenga aliento y material para seguir criticando a un grupo elitista, mientras les sigue entregando grandes contratos y beneficios.
Es llevarlos a su guarida para continuar golpeándolos, para alimentar el hambre y la sed de sangre que piden sus seguidores, metafóricamente hablando, claro.
Es evidente el desprecio del compañero Andrés Manuel a los ricos, a los millonarios. Es claro y él podrá tener sus razones, pero los hechos dicen contundentemente que él no hizo lo necesario para acabar con la condición de abuso de su cercanía con el poder en turno, que siempre señaló.
Al contrario, al tiempo que los acusaba y les echaba encima al fisco, López Obrador aumentó su desprecio hacia ellos, pero les convirtió en ricos más ricos todavía. El caso más evidente es el de Slim, cuya fortuna creció notablemente en el sexenio que está por terminar.
El doble juego se nota en la forma en la que el Presidente saliente quiere tratar a los 5 más ricos y deja fuera a muchos más que también son económicamente importantes, sea por el tamaño de sus fortunas o porque sus empresas generan empleos y desarrollo económico en amplias partes del país.
Mientras Andrés Manuel ha tenido choques verbales y ha acusado impunemente a quienes integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), por otro lado quiere sentarse y exponer en su tribuna matutina a los más ricos entre los ricos.
Parece broma, pero es una ocurrencia más, de mal gusto y perversa. No extraña la doble moral porque así ha sido siempre.
Por. Tomás Briones
abarloventotam@gmail.com
