Gran revuelo han causado en los medios y las redes sociales los integrantes del Poder Judicial, desde la Ministra Presidenta, pasando por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de los tribunales, los Jueces de Distrito, los Secretarios, Actuarios, y todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, que decidieron detener las actividades de todos los juzgados, tribunales, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en protesta por la casi segura aprobación de la Reforma del Poder Judicial.
Dicho de una manera más sencilla y clara, los integrantes del Poder Judicial afirman que el Poder Legislativo va a vulnerar sus derechos a la independencia judicial y sus derechos laborales por su decisión de reformar la Constitución y las leyes que rigen el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y por ello inician un paro indefinido, sin fundamento jurídico en las leyes mexicanas, para impedir que un poder distinto al que ellos representan cumpla su función, es decir los jueces, magistrados y ministros de México exigen que los diputados y los senadores no ejerzan su función, exigen que no legislen.
Es necesario detenerse un poco para reflexionar si el Congreso de la Unión, como afirma la Ministra Presidenta y algunos de los ministros de la corte, está destruyendo a un Poder Judicial acreditado en la sociedad mexicana como la fuente de la justicia que contribuye a proteger a la sociedad mexicana de los abusos y violaciones a las leyes que podrían cometer los particulares y la autoridad del estado, pero en los hechos la respuesta es negativa.
La estadística de organismos internacionales especializados y la de los organismos mexicanos públicos y privados, coinciden en señalar que el nivel de impunidad en México es tan alto que, de cada 100 delitos que se cometen sólo uno o 2 reciben una sentencia condenatoria, y muy posiblemente alguno de estos 2 reciba una sentencia de amparo que la anule o la deje sin efecto, es decir que el delito o la transgresión cometida queden sin castigo.
Es cierto que en el caso del derecho penal eso no depende exclusivamente del Poder Judicial porque previamente, en cada caso, está la actuación de la policía y la del ministerio público y la gran mayoría de los mexicanos afirma que, si los delincuentes o transgresores tienen dinero, con la policía, la fiscalía o el juzgado, van a “arreglar” que su caso no resulte en una condena o que la condena sea de muy bajo impacto, y desgraciadamente los resultados confirman la suposición popular. En el derecho civil, fiscal, administrativo, y todas las demás áreas las cosas no son diferentes.
Lamentablemente el pueblo de México no cuenta con la seguridad de que las autoridades encargadas de protegerlo lleven a cabo su objetivo más importante que debe ser impartir justicia. Dice la Ministra Presidenta de la Corte que si los jueces se eligen mediante el voto popular la impartición de justicia no estará en manos de los más aptos y preparados sino de los más populares. Sin embargo, el nivel de impunidad desmiente su afirmación, porque los más aptos y capacitados han puesto en libertad con sus fallos a peligrosos delincuentes o han evitado que cumplan con sus obligaciones legales, eso sí razonando jurídicamente su decisión de dejarlos sin castigo.
Lo que no dicen las personas juzgadoras, como se llaman a sí mismos, es que la reforma del Poder Judicial les va a quitar los sueldos exorbitantes que perciben, los fideicomisos por más de 16 mil millones de pesos que les garantizan pensiones millonarias paralelas a las que prevé el ISSSTE, y los servicios médicos y seguros de vida de alto rango de los que gozan que no corresponden al promedio de lo que perciben el resto de los servidores públicos del país.
Dicen que la reforma los va a privar de la carrera judicial pero omiten decir que la carrera judicial se hará mediante el refrendo que significará la elección y reelección periódica que el pueblo hará de sus jueces, con el mismo criterio y sabiduría que utiliza para elegir al Presidente de la República, los senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales y legisladores de sus estados. Si el pueblo puede elegir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo también puede elegir al Poder Judicial.
Los ministros, magistrados y jueces tienen derecho irrestricto a la libertad de expresión, pero no tienen derecho a paralizar el Poder Judicial de la Federación en perjuicio de los ciudadanos que requieren de su funcionamiento, sobre todo cuando se trata de una maniobra ilegal que invade la esfera de la competencia del Poder Legislativo. Los juzgadores de México no pueden violar la ley para defender sus derechos. El buen juez por su casa empieza.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
