CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un Juez federal dictó sentencia de 50 años de cárcel en contra de once sujetos, acusados del homicidio de 122 personas en el municipio de San Fernando y que fueron encontradas en fosas clandestinas.
El Juez del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Matamoros, dictó la sentencia contra los once sujetos que ya se encontraban presos en diferentes penales federales.
En abril de 2012, se inició la indagatoria en contra de Luis “S”, Sergio “C”, Samuel “M”, Erick “Z”, José “O”, Jhonny “T”, Juan “C”, Salvador “M”, Martín “E”, Víctor “M” y Elfego “C”, responsables del delito de homicidio calificado en agravio de 122 personas, quienes fueron bajadas en San Fernando, Tamaulipas de los autobuses en los que viajaban, y posteriormente encontradas en diversas fosas clandestinas.
En febrero de 2015, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplimentaron orden de aprehensión por reclusión en contra de Elfego “C”, Sergio “C”, Samuel “M”, Erick “Z”, José “O” y Jhonny “T”, al interior del Centro Federal de Readaptación Social No. 3 “Noroeste”.
Luego en 2017, ejecutaron el mandamiento judicial por reclusión en contra de Salvador “M”, Martín “E”, Juan “C”, Luis “S” y Víctor “M”, quienes se encontraban internos en diferentes Centros Federales.
Luego de un juicio donde se acusó a las once personas de homicidio calificado, el juezgador consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal (MPF), eran suficientes para acreditar el hecho, dictando sentencia condenatoria de 50 años de prisión para cada uno de ellos.
El caso de las fosas de San Fernando empezó a salir a la luz en marzo del 2011 cuando
las autoridades habían sido alertadas de la desaparición de Raúl Arreola Huaracha. Originario de Guanajuato, contaba también con la nacionalidad estadunidense y de acuerdo con sus hijos en Estados Unidos, le perdieron el rastro tras ser obligado a bajar del autobús en un retén criminal en San Fernando.
Otro caso fue el de Julio Villanueva, también ciudadano norteamericano desapareció en el mismo punto, por lo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI), intervino y pidió el apoyo de las autoridades en México para localizarlos.
El 24 de marzo del 2011, la línea Omnibus de México había denunciado que hombres armados habrían bajado a varias personas en San Fernando y un día después, una mujer en Matamoros también denunció que su esposo nunca llegó en el autobús que lo transportaba de San Luis Potosí.
A los 59 cuerpos que llegaron a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia en Matamoros el 6 de abril, se sumaron otros 13 cadáveres, descubiertos en dos fosas más.
El 10 de abril, la Marina destuvo a Armando César Morales Uscanga, quien confesó su participación en el asesinato de migrantes, informando sobre otras cuatro fosas, donde se localizaron 16 cuerpos más.
Dos días después, la entonces Procuradora Marisela Morales informaba que ya eran 166 los cuerpos localizados en fosas clandestinas y la detención de Johnny Torres Andrade, también integrante de un grupo criminal, ayudó a localizar más fosas y personas masacradas.
Pero también se detuvo a 16 elementos de la policía municipal de San Fernando, por su presunta colaboración con el grupo criminal, aunque tiempo después quedaron libres.
Por estos hechos fueron detenidas 85 personas, entre ellos, elementos de la policía y tránsito municipal, muy pocos de ellos han sido vinculados o sentenciados por estos hechos.
En total se informó oficialmente que en 47 fosas localizaron 193 personas asesinadas, la mayoría en el ejido El Arenal, sin embargo, algunos activistas consideran que la cifra de víctimas mortales fue mucho mayor.
Los cuerpos fueron trasladados, (120) a la Ciudad de México, donde posteriormente se inhumaron en el panteón de Dolores, de donde sacaron, conforme encontraban a las familias, aunque hubo algunos que recibieron solo cenizas. En total, solo 54 cadáveres fueron entregados a sus familiares.
De los 120 cuerpos, sólo tres eran de mujeres, de acuerdo con el reporte forense, 91 murieron por traumatismo craneoencefálico, con la cabeza rota por un objeto duro, sólo 19 presentaban impactos de bala.
El resto de los cuerpos, (73) habrían sido llevados al Semefo en Victoria, la capital del estado, para luego ser enterrados en la fosa común, sin contar con un protocolo estricto de los datos que permitieran la posterior identificación de los familiares. Solo ocho fueron identificados y entregados a familiares.
Ya en 2015, con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense y organizaciones de migrantes desaparecidos en Guatemala, El Salvador, Honduras y México, se pudo identificar a 32 personas más, que fueron entregados a sus familias.
La responsabilidad del Estado.
Los hallazgos de los cuerpos, la mayoría de ellos torturados y las detenciones de algunas personas relacionadas con estos crímenes, pusieron al descubierto la complicidad e impunidad con que estas situaciones ocurrían.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
