La discusión de la reforma judicial llegó su punto más álgido.
Se ha convertido en el tema de mayor relevancia en la agenda política nacional y no es para menos.
Asistimos a la auténtica transformación de uno de los tres poderes de la unión, lo que explica la furiosa reacción de quienes se oponen a esta iniciativa que entre otras cosas, someterá a elección popular le designación de jueces, magistrados y ministros.
Todo ello en un contexto donde la percepción pública de las instituciones de justicia ha estado marcada por la desconfianza.
Acaso esa sea una de las razones por las que las manifestaciones organizadas por el los representantes del Poder Judicial Federal, y algunas organizaciones empresariales, han recibido escaso apoyo ciudadano.
El debate sobre cómo mejorar el funcionamiento del Poder Judicial es crucial para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho, y además complejo.
Lo que juega en contra de quienes se oponen a la reforma -los jueces y magistrados que encabezan las protestas, por ejemplo- es que la percepción de la ciudadanía sobre su desempeño es muy negativa.
De acuerdo a la última encuesta del INEGI sobre la Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia, apenas el 12.4% de los mexicanos mayores de 18 años considera “muy efectivo” el trabajo de los jueces, un porcentaje incluso inferior al de otras instituciones ampliamente desacreditadas ante la sociedad como la Fiscalía General de la República.
A su vez, solo el 14.8% de los mexicanos encuestados respondieron que los jueces le inspiran “mucha confianza”.
La estadística más demoledora para el Poder Judicial revela que el 66 por ciento de los mexicanos consideran que los jueces son corruptos, lo que los sitúa solo por debajo de los policías de tránsito que alcanzan un 73.9%.
La población incluso considera menos corruptos a los policías estatales, ministeriales, y a los agentes del Ministerio Público.
Para acrecentar esta percepción negativa que se palpa entre la ciudadanía han contribuido una buena cantidad de jueces impresentables que se han prestado a tender cercos de protección a políticos y autoridades acusadas de diversos delitos.
Contra esa imagen negativa es contra la que tienen que luchar los jueces y magistrados -la mayoría de ellos, con carreras construidas en la decencia- que se oponen a que sus puestos ahora sean electos en las urnas.
No la tienen fácil, además de la desventaja política que sufren por la escasa representación de la oposición, la lucha por el respaldo popular la están perdiendo.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
