La reforma judicial aprobada durante el último mes de gobierno del anterior Presidente plantea un serio conflicto entre el Poder Judicial y los otros dos: Ejecutivo y Legislativo —mismos que, desde el sexenio pasado, funcionan como uno solo—.
Es fácil anticipar quién ganará al final de este conflicto. Un botón de muestra de esta debilidad son el cúmulo de sentencias que diversas autoridades han decidido ignorar antes que combatirlas, como se debe, en los tribunales de ley.
La coalición gobernante cuenta con mayorías calificadas en ambas cámaras y en numerosos congresos locales. Autores clásicos como Hamilton argumentaban siglos atrás que el Judicial era el poder más débil de los tres, toda vez que no tenía control alguno del presupuesto ni de la fuerza pública: “Ni espada ni bolsillo”.
Alguien más añadiría que el Judicial no cuenta con la legitimidad de los votos que sí tienen el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Acaso esto es un “error de un diseño constitucional” torpemente replicado en un gran número de democracias, o más bien un rasgo deseable en un régimen político con pesos y contrapesos?
Esto no implica que el Poder Judicial carezca de legitimidad democrática, salvo en las caricaturas más maniqueas que se han propuesto de un tiempo a esta parte en México: si las y los ministros designados logran obtener un consenso amplio en el Legislativo, cuentan con legitimidad indirecta. Parece ocioso decirlo, pero vale la pena recordar que las designaciones del Legislativo tienen la misma legitimidad democrática que el presupuesto de Egresos o una reforma constitucional.
Pero eso no es todo. Otra fuente de legitimidad del Judicial radica en su desempeño: la autonomía e independencia de su conducta, la claridad y coherencia de los argumentos de sus sentencias, el respeto a sus propios precedentes, la protección de los derechos de las personas, y la prudencia en el ejercicio de sus facultades de revisión de la legalidad y constitucionalidad de los actos y decretos de los otros poderes. Sólo así pueden mantener o cultivar la confianza de la sociedad.
A diferencia del Legislativo, donde al final de cuentas pueden ser más importantes los votos en el pleno que los argumentos planteados en la tribuna, los jueces están obligados a fundamentar y motivar públicamente cada una de sus decisiones.
También debe reconocerse que el Poder Judicial no está libre de manchas ni de los numerosos problemas que pueden esperarse de un actor colegiado que se vigila a sí mismo, hace las veces de árbitro de última instancia, y cuyas sentencias son inatacables.
En una democracia, todo poder debe rendir cuentas. Sin embargo, un problema fundamental de la reforma judicial que está en marcha es que no remedia estos problemas ni fortalece la independencia del Poder Judicial. Al contrario, más que una reforma de corte democrático, se busca la captura o el control de un contrapeso incómodo.
Todo lo anterior lo saben mejor que yo los exministros que hoy asesoran a la Presidenta y varios legisladores que suelen dar cátedra en facultades de derecho. Quizá ahora tienen tanto poder que prefieren dispensar de cualquier contrapeso y no tener que rendir cuentas.
Hay quienes preferirían que el Poder Judicial no hiciera nada por defenderse de la embestida de la única forma que pueden hacerlo: a golpe de sentencias. Hay quienes prefieren aplaudir una reforma regresiva y hasta ven virtudes en la máxima concentración de poder no vista en décadas.
En un mundo paralelo, si hubiera canales de negociación entre el Ejecutivo y el Judicial, no sería imposible una salida negociada más digna. La Corte podría invalidar una reforma llena de problemas, a cambio de ayudar a impulsar una nueva reforma que en verdad fortalezca la justicia. Otra posibilidad sería que la Suprema Corte acepte sin ambages su remoción total, pero que defienda al máximo la supervivencia del resto de los jueces y magistrados del país, a modo de no dejar desprotegidos a los usuarios más frecuentes del aparato judicial, los justiciables. Quizá ya es demasiado tarde para enmendar el camino. Quizá no.
Por. Javier Aparicio