CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En la elección judicial del 2025 puso en juego el futuro de los jueces federales que han tramitado los asuntos más polémicos en el estado.
Ellos, y el resto de los juzgadores que resultaron sorteados en la insaculación que se llevó a cabo en el Senado de la República tienen hasta el 31 de octubre para informar a la autoridad si serán parte del proceso electoral o renuncian o tramitan su jubilación anticipada, si es que cumplen con los requisitos.
En la boleta estarán los cargos de jueces que han tramitado casos relacionados con el ex gobernador Cabeza de Vaca y otros asuntos relevantes para la entidad y para el país.
Destacan para la elección dos plazas cuyos titulares se encuentran suspendidos.
Uno de ellos es Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Tamaulipas.
Este juzgador fue denunciado ante la Cámara de Diputados por la Secretaría de Gobernación durante la anterior administración “por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas”.
La Segob aseguró que existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público.
“Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución”, apuntó.
El otro juez federal de Tamaulipas suspendido es Juan Fernando Alvarado López, del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, acusado por favorecer con amparos al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
En particular, el juez otorgó dos suspensiones definitivas al ex mandatario: una para frenar dos órdenes de aprehensión en su contra y una más para garantizar sus derechos político-electorales.
“Alvarado López protegió a García Cabeza de Vaca de las órdenes de aprehensión para darle impunidad y (…) que el exgobernador obtuviera la candidatura a diputado plurinominal con el fin de darle fuero, poder regresar a México y seguir evadiendo la justicia”, denunció el partido Morena en aquel momento.
Otro juez denunciado que deberá decidir si deja su posición o se convierte en candidato, es Roberto Omar Paredes Gorostieta, titular del Juzgado tercero de Distrito de Procesos Penales en Matamoros.
El fue acusado por el Gobierno de la Ciudad de México por la liberación de Fabián “N”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la capital del país.
El juez Paredes Gorostieta tomó esta determinación cuando aún era titular de la Sala 1 de Oralidad en el centro del país.
“Le ayuda a salir por la puerta de atrás del reclusorio; o sea que en lugar de ayudar a la gente a que haya justicia, seguridad y protección dejó libre, premeditadamente, a un generador de violencia que está en la lista de los más peligrosos de la Ciudad de México, de los cinco más peligrosos”, dijo en su momento Marti Batres.
En la insaculación también salió sorteada la plaza del Juez de control en Almoloya de Juárez, Estado de México,
Enrique Beltrán Santés, quien lleva el proceso contra Francisco García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y lavado de dinero, en la compra de un departamento en Bosques de Santa Fe valuado en 42.1 millones de pesos.
Además de jueces con casos de alto perfil como Artemio Zúñiga Mendoza, actual Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Victoria, quien antes estuvo adscrito el Reclusorio Norte donde ordenó ls aprehensión y vinculó a proceso a Emilio Lozoya por los Casos Odebrecht y Agronitrogenados.
También instruyó el proceso por lavado contra Alonso Ancira Elizondo, dueño de AHMSA, por vender una planta “chatarra” a Pemex.
En caso de inscribirse a la contienda, los jueces disputarán su plaza en las urnas con aspirantes que saldrán del proceso de selección que se llevará a cabo.
Aún si todos estos impartidores de justicia se sometieran a las urnas, es inevitable el cambio en la instrucción y la secuela procesal de los asuntos, porque todas las instancias judiciales tienen cargos que deben disputarse por la vía electoral.
En el caso de Tamaulipas, serán un total de 26 juzgados y magistraturas las que se votarán el próximo año; el resto lo harán en la elección del 2027.
Entre las posiciones que estaban vacantes y por lo tanto participarán en el proceso electoral están magistraturas en los Tribunales Colegiados en Materias Penal y del Trabajo con sede en Victoria y en Tampico, además del Juzgado 11 de Victoria.
En tanto, las que salieron sorteadas en la tómbola son magistraturas en los Tribunales Colegiados de Matamoros y Reynosa.
Mientras que entre los juzgados que salieron en la tómbola está el Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Victoria, y juzgados de Distrito como el Segundo y el 12 también en la capital, además de otros en Matamoros, Reynosa y Tampico.
Por Staff
Expreso-La Razón
