CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, Tania Contreras López, respondió a Yahleel Abdalá el reto que hizo en redes para quien le compruebe que tiene una orden de aprehensión en su contra con un “que atienda sus asuntos”.
Esto, luego que la semana previa, dio a conocer que se tienen listas dos órdenes de aprehensión contra el mismo número de ex titulares de secretarías que no atendieron el llamado del juez.
“Que atienda sus asuntos, que revise el estado, le corresponde a ella revisar cuáles son los asuntos que ella tiene que dar seguimiento, es un asunto que le compete a ella por lo que corresponde al estado, insisto, estamos impedidos para brindar los nombres”.
La abogada del Gobierno del Estado apuntó que se tienen avances en las indagatorias que se llevan a cabo en contra de ex funcionarios que incurrieron en desfalcos al erario estatal.
No puedo dar los nombres porque las autoridades tenemos la obligación de preservar y resguardar el principio de presunción de inocencia, lo que sí puedo compartirles es que estamos avanzando, que hay órdenes de aprehensión y de comparecencia ya giradas, a quienes pues consideramos incurrieron en conductas irregulares”.
Al insistir en el tema de la ex titular de Bienestar Social y quien se le relacionó con el tema relacionado a la contratación irregular de despensas, la Consejera Jurídica insistió en que será ella la que de las explicaciones correspondientes.
“Ella atenderá sus asuntos y dará los posicionamientos y las explicaciones, eella tiene conocimiento de los asuntos; lo que manifestamos la semana pasada es que existen dos órdenes de aprehensión contra ex titulares de administración pública del estado del sexenio pasado”.
Avanza reforma al Poder Judicial del Estado
En otro tema, la Consejera Jurídica informó que se continúa afinando la propuesta de reforma al Poder Judicial de Tamaulipas, esperando entregarla en los próximos meses, aunque se tienen seis meses para ello.
“Se está trabajando en la reforma, creemos que estaríamos presentando por ahí de la primera semana de diciembre la modificación constitucional, tenemos un plazo perentorio, ustedes lo saben, seis meses que vencen en febrero”.
Sin embargo, dijo que esperar entregarla para que se revise, analice e incluso el mismo Poder Legislativo pueda hacer sus aportaciones a la misma y de esta forma pueda ser aprobada.
“Creemos que para que antes de que finalice este período ordinario de sesiones, tendrá el Congreso al menos una propuesta de parte del ejecutivo que podrá nutrirse con lo que el propio legislativo puede integrar y el poder judicial”.
Sin embargo, recordó que la reforma constitucional dejó parámetros generales, pero con la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Legipe, que regula los procesos electorales, donde integra el proceso electoral jurisdiccional, se dejó a los estados con muy poco margen de definición.
“Tenemos que ajustarnos a esa ley y prácticamente se reproduce lo que la ley general ya establece para las entidades federativas”, comentó.
Expropiación de predios en Soto La Marina
Tania Contreras comentó en el caso de la determinación de un juez federal para revocar la adjudicación de 42 hectáreas de La Pesca a empresarios del “Consorcio Empresarial La Pesca, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable”, es un asunto que será resuelto por juzgadores federales.
“Las personas que integran ese consorcio, han promovido juicios, están en su derecho, pero insisto, partamos el hecho de que fue una autoridad federal, un juez de distrito y además ratificado por un tribunal colegiado, quien determinó que tenía el Estado que revocar esa expropiación porque no existían los procedimientos establecidos en la ley de expropiación para emitir esta determinación”.
La Consejera Jurídica señaló que las irregularidades fueron de tal magnitud que las diferentes autoridades federales determinaron que se revocara la expropiación que se hizo de esas tierras en agosto del 2021.
“No es una determinación por sí del estado, sino es un cumplimiento a una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional federal”, señaló Contreras López.
El Acuerdo publicado el 31 de agosto de dicha anualidad, señalaba que se hacía la expropiación de 42 hectáreas “por causa de utilidad pública”, con la finalidad de salvaguardar el medio ambiente y desarrollar un turismo sustentable.
Pese a los reclamos de los afectados, la expropiación se hizo para después ser enajenado, es decir, otorgadas a particulares.
Posteriormente el 23 de enero del 2024, el Acuerdo de expropiación quedó “insubsistente”, por lo que los empresarios acudieron a un juez para ampararse contra el mismo.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
