Tenía que llegar. Seis años de difamación y destrucción de instituciones –propósito explícito– no podían quedar en la historia sin consecuencias.
Hay de todo en los restos del huracán, desde la desaparición moral de la CNDH hasta el fracaso de la Agencia Federal de Aviación Civil. Y qué decir de los tumbos del sistema nacional de salud o del abastecimiento de medicinas. El rezago de los medicamentos que se consiguen en México frente a la producción mundial es brutal. Birmex fue otra víctima. La “más grande del mundo” –con 50 andenes– paralizada, muerta. La mentada soberanía alimentaria, naufraga. Los precios de los alimentos volvieron a subir por arriba de la inflación. Y qué decir de la violencia: norte, sur, este y oeste. La Guardia Civil –ya oficialmente en manos del Ejército– no parece poder contender con el monstruo de mil cabezas del crimen organizado. Como aderezo, la irrupción de tres nuevos cárteles en el mapa criminal.
Pero hay más, 270 mil empleos perdidos en septiembre y temor en los inversionistas. Ver el reciente informe del Banco Mundial sobre los riesgos de invertir en México. Una relación muy dañada con España, con Estados Unidos y otra decena de países. Agréguense las majaderías hacia los organismos multilaterales. Pero, claro, venía el relevo y una pequeña esperanza se presentó en el horizonte. Un mes es poco tiempo para evaluar resultados, cambios en la realidad, pero es suficiente para observar señales simbólicas. Que la monarquía española pida perdón, ha recibido respaldo. Vivir en Palacio –por cierto, edificado inicialmente por Cortés– no mereció ninguna reflexión. Continuar con la conferencia mañanera a sabiendas del riesgo anunciado de no poder llenar el espacio del antecesor, tampoco cambió de rumbo. Notable ver al fiscal general de la República como parte del equipo de trabajo del Ejecutivo, el mismo fiscal que anuncia la investigación a jueces que osaron interponer recursos en contra la reforma judicial. Un fiscal persiguiendo y amedrentando jueces. ¡Vaya República!
No satisfechos con su marcha destructora, continúan con otra obsesión: desaparecer al Inai. El derecho a la información tiene un referente muy remoto en la Constitución sueca: 1776. Pero cobró revuelo en la segunda mitad del siglo XX como una ampliación de los derechos individuales. La FOIA, Freedom of Information Act de Estados Unidos, de 1967, dio bríos al nuevo derecho ciudadano. En México quedó plasmado en la Constitución en el artículo sexto, desde 1977. Pero no fue sino hasta el inicio de la gestión del presidente Fox que se logró la ley secundaria y mandato para la creación de los institutos locales. Los beneficios son múltiples: un nuevo control independiente de los gastos de los gobiernos, locales y federales. La aplicación del viejo principio de que no se puede ser juez y parte. La legitimación del gasto público avalado por un observador independiente y la aparición de una cultura ciudadana de la transparencia que hoy ya está instalada en nuestro país. Ahora, brincando a un pasado de hace medio siglo, la administración propone ¡vigilarse a sí misma! Y ésos son los demócratas.
Pero todo lo anterior es peccata minuta frente a la obsesión de destruir al Judicial. El mismo día que se dio a conocer la deuda de Pemex por 100 mil mdd., la Presidenta se ensañaba con el “dineral” de los haberes de retiro de los ministros. Suponiendo que vivieran 100 años, ese derecho adquirido sería borrado en horas por los intereses de la deuda de Pemex. Qué carencia total de proporciones, qué odio más absurdo. La crisis constitucional ya está aquí. Los desacatos a los distintos pronunciamientos de jueces y magistrados los exhibe. La propia ministra Esquivel advierte que ése será el camino.
La obsesión logró una crisis constitucional como nunca la hemos tenido. Pero, ¿cómo saldremos de allí? Un Estado sin independencia del Judicial es una falacia, un engaño. Se aceptan sugerencias.
POR FEDERICO REYES HEROLES
