Quienes crean que la resolución de “no resolver” la inconstitucionalidad de la mal llamada reforma judicial por parte de la Corte Suprema implica un triunfo, aún deberán tomar en cuenta los cientos de juicios de amparo promovidos por juzgadores y personas afectadas en sus derechos humanos, y la forma como las suspensiones deberán ser afrontadas por las autoridades que no tienen la protección “ilegal” para desacatarlas.
En un hecho que poco ayuda a la pacificación, Morena convocó a celebrar en plazas la “no resolución”. Me parece que el oficialismo y muchos de sus seguidores no perciben que es llamar al festejo de su propio suicidio.
Me explico: la mitad de jueces, juezas y magistrados y magistradas que serán purgados y la ausencia dignísima de otros más que han decidido renunciar, son personas de una formación que poco se conoce en el servicio público y que serán suplidos, en su gran mayoría, por personas sin experiencia. Esto ya se ha dicho.
Pues bien, la curva de aprendizaje de los nuevos juzgadores federales tendrá un impacto en la calidad de los juicios y sus sentencias. Suponga usted que es una empresa transnacional y la acción de una autoridad le recae injustamente. Su representación jurídica acudirá ante un juzgado de competencia administrativa a defenderse y usted recibe una sentencia deficiente, mal fundada, jurídicamente insostenible. Y, en consecuencia, decide irse ante el superior de ese juez y el tribunal colegiado confirma la resolución. A la Corte ya no llegará.
Usted perdió en un juicio cuya capacidad del juzgador es dudosa. Cuánto tiempo usted tardará en pensar en mudarse de país, a uno donde los juzgadores sean autónomos y tengan una preparación o firme sus contratos con empresas mexicanas, pero reconociendo sólo a tribunales fuera de México para disputas comerciales.
Resarcir el daño del desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación nos llevará generaciones. Y en el exterior se sabe. Así, cómo puede usted llamar a un suicida que se hace estallar en una plaza llena de personas, a las que previamente había invitado a festejar.
Planteemos otro ejemplo que habla de esta locura de las reformas. México fue condenado como Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla.
Motivado por ello, la Corte Suprema debió resolver sobre la constitucionalidad de varios artículos de la Constitución y leyes secundarias. Y, ante eso, no puede haber incumplimiento, porque es el gobierno actual el sujeto de sanción.
Bueno, la reforma constitucional que prohíbe impugnar la propia Constitución que hoy se celebra, es la soga del suicida, dado que México fue condenado tanto por la figura del arraigo como por la prisión preventiva oficiosa por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023 —durante el gobierno más humanista— en el caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz.
¿A qué condenó la Corte IDH al Estado mexicano? Entre otras cosas, a modificar su marco constitucional y legal para adecuar la prisión preventiva oficiosa, de modo que ésta no sea automática, sino que se aplique únicamente en casos específicos donde se justifique por peligros procesales. Asimismo, eliminar el arraigo por ser incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En consecuencia, lo que aprobó el gobierno de México es que la Constitución no puede ser reformada porque es norma suprema, entonces seguramente habrá que atenerse a las sanciones por ser un Estado que promueve, por rebeldía, la violación de derechos humanos.
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El martes próximo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF expondrá ante la Comisión Interamericana la violación a la independencia judicial por la mal llamada reforma judicial.
POR JORGE CAMARGO
