Durante varios días de la semana que nos antecede, estuvo en Tamaulipas el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, acompañado de otros legisladores, cacareando la reforma judicial que, ciertamente, era necesaria para de fondo (más no en la forma), rescatar de la inmundicia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Su perorata fue más de lo mismo, ante una audiencia ‘acarreada’ pues de los asistentes al evento montado en Ciudad Victoria, al menos, pocos se interesaron en el tema.
Sobre todo, porque aun cuando utilizó el lenguaje ordinario, corriente y soez que lo caracteriza no atrapó la atención del respetable porque soslayó explicar en qué beneficia la reforma a la sociedad en general, aparte de ser una venganza del ex presidente tabasqueño contra los juzgadores.
Tampoco, el presidente de la mesa directiva senatorial –como ninguno de sus acompañantes, aunque tienen intereses futurólogos en Tamaulipas–, se ocupó de la reforma judicial en el estado, aun y cuando el gobernador, Américo Villarreal Anaya, presentó la iniciativa el pasado día 7 al Congreso local, para que la enmienda constitucional estatal empate con la federal y el 1 de junio de 2025 se elijan en el estado magistrados y jueces, significando una fuerte sacudida al Supremo Tribunal de Justicia.
Y, por cierto, fue el primer mandatario estatal en presentar la iniciativa, en respuesta a la convocatoria para atender la armonización constitucional.
En el documento (remitido a la LXVI Legislatura del Congreso estatal), el jefe del Ejecutivo estatal propone:
1) La elección popular de magistrados y jueces del Supremo Tribunal de Justicia;
2) La sustitución del Consejo de la Judicatura, que será reemplazado por dos órganos: a) El Tribunal de Disciplina Judicial y b) El organismo de Administración del Poder Judicial.
El primero, será responsable de recibir denuncias, investigar posibles conductas irregulares y sancionar a aquellos servidores públicos del Poder Judicial que actúen en contra de la ley. Con esta medida se busca reforzar la vigilancia sobre la actuación de jueces y magistrados.
Y, el segundo tendrá independencia y autonomía técnica, gestionará la administración y carrera judicial; además definirá el número y la distribución de juzgados, su competencia territorial y las especializaciones necesarias para cada área.
Hasta el momento, no se han presentado manifestaciones contrarias a la iniciativa gubernamental, puesto que los magistrados y jueces, así como los diputados opositores a morena y sus aliados, saben perfectamente que el Poder Judicial en Tamaulipas está plagado de corrupción y el manejo de su presupuesto deja mucho que desear.
En su totalidad los nueve magistrados en activo, de 10 –la tercera sala unitaria civil familiar permanece vacante–, saben que su tiempo en el STJT se agota; y no creo que bajo ningún modo ni circunstancia se atrevan por lo menos a pensar en postularse para ser electos, pues carecen todos de una carrera judicial.
Es su primer obstáculo. Y el impedimento principal, es que obedecen a los intereses del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y no a los intereses del pueblo.
Se lo comento porque todos fueron impuestos en esos cargos –tras su cuestionable labor en la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), el Ayuntamiento de Reynosa y/o el Gobierno estatal–, por el ex mandatario hoy prófugo de la justicia.
Son parte de ese grupo: Mauricio Guerra Martínez, Andrés González Galván, Noé Sáenz Solís, Aarón Joel Medina Ladrón de Guevara, María del Rosario Garza Hinojosa, Gloria Elena Garza Jiménez.
Tamaulipas se divide en 15 distritos judiciales de donde dependen 103 juzgados de primera instancia.
Por cierto, el gobernador Américo Villarreal Anaya, desde su asunción, mostró interés de limpiar el Poder Judicial del estado, como lo constata el hecho de haberse negado a la ratificación de Horacio Ortiz Renán, al frente del STJT, por no tener honorabilidad y por su mala reputación.
Fue, Ortiz Renán, el primer magistrado impuesto por García Cabeza de Vaca, en agosto de 2016, aun cuando Francisco Javier no tomaba las riendas de la entidad, pero logró que su amigo Egidio Torre Cantú le diera la atención; y cinco meses más tarde ocupó la presidencia de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia.
Desde entonces, e incluso hasta su salida, fue acusado de corrupción, uso indebido de atribuciones y facultades y de presionar a jueces para que emitieran órdenes de aprehensión contra rivales políticos del panismo, tal y como está puntualmente documentado.
En fin, historias negras hay muchas sobre el Poder Judicial del estado.
Así que a falta de espacio aquí le cortamos por hoy, pero en columnas posteriores abordaré los nexos de cada uno con García Cabeza de Vaca y, por supuesto, qué diputados se prestaron al juego del reynosense. Entre ellos los de morena, el PRI, el PT, el PVEM y MC, cuando menos.
Por. Juan Sánchez Mendoza
Correo: jusam_gg@hotmail.com
