El proceso para elegir a 896 juzgadores federales (ministros, magistrados y jueces) el 1 de junio de 2025, podría registrar ‘errores técnicos’ en cuanto a la organización se refiere, porque los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) demandan una escandalosa cifra (13 mil millones de pesos) que la Cámara de Diputados se niega a otorgarles con razón justificada, en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (morena), presidenta de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la LXVI Legislatura sugiere que al INE se le asignen recursos hasta por 8 mil millones de pesos –para organizar el proceso electoral de juzgadores–, considerando que, en la pasada elección federal –para designar presidente e integrantes del Congreso de la Unión–, se gastó poco más de esa cifra, aunque hay observadores electorales que estiman que el monto fue de 12 mil 428 millones de pesos.
Este día el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O., ingresará la documentación que sustenta el paquete económico (a fin de su estudio, análisis y dictamen), correspondiente al ejercicio fiscal del 2025, donde estará implícita la propuesta del gasto para que el INE arme la primera elección de juzgadores, pero quizá ya corregida la pretensión de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, de pescar a río revuelto.
Ella, cuando asumió el cargo por imposición de López Obrador, ofreció que el INE podría operar con menos presupuesto y dar mejores resultados.
Sin embargo, se ha olvidado de la austeridad republicana, como se ve, ahora, reclamando una partida multimillonaria superior al gasto electoral de 2024, en que se renovaron la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión.
Rechazo al recorte
A más tardar el 31 de diciembre próximo, el Presupuesto de Egresos de la Federación debe aprobarse.
Es probable que la Cámara de Diputados no alcance a discutir a fondo el reparto del dinero público, ante el mar de inconformidades desatado por la intención de recortar partidas a los gobiernos estatales y los organismos públicos descentralizados, además de varias secretarías de estado.
Conscientes de esa situación, hay mandatarios que ya cabildean entre los diputados que despachan en el Palacio Legislativo de San Lázaro, buscando que a sus entidades se les asignen (para el ejercicio fiscal que viene) recursos suficientes, a fin de no sufrir nuevas reducciones, porque esto repercutiría (negativamente) en los programas de educación básica, normal, tecnológica y para adultos; los servicios de salud, infraestructura social, el fortalecimiento de los municipios, la asistencia social, y, lo peor, en materia de seguridad pública que es el rubro que por el momento más preocupa a los mexicanos.
Ese cabildeo ante los diputados de la LXVI Legislatura –responsables de analizar, discutir y aprobar la propuesta presidencial que este día habrá de entregar en el Palacio Legislativo de San Lázaro Rogelio Ramírez de la O., según lo ordena la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–, es avalado por todos los mandatarios –incluidos los de filiaciones político-ideológicas antagónicas a morena–, quienes exigen al través de los medios de comunicación masiva que la Federación tenga sensibilidad política para entender que solamente asignándoles recursos suficientes podrían atenderse las necesidades estatales para ejecutar los programas de desarrollo federalistas.
En el caso de Tamaulipas, bien sabemos, los excedentes petroleros han llegado incompletos en los últimos años y por eso ahora se pide a la Federación que los recursos de sus programas sociales se apliquen correctamente –hasta eso sin recortes–, puesto que ninguna justificación es valedera cuando se atenta contra el bienestar del pueblo.
Sobre todo, cuando es del dominio público que en el país se ha dado una mayor recaudación fiscal; y a Petróleos Mexicanos (Pemex) la venta del crudo y gas natural le ha producido millonarios dividendos, pese a no atravesar por su mejor momento.
Por tanto, los diputados tamaulipecos deben estar velando armas para defender al estado.
Al menos así lo creo, porque se han comprometido públicamente a analizar el documento para que los proyectos estratégicos de Tamaulipas puedan desarrollarse en tiempo y forma.
Dicho en otras palabras: defenderían cada peso que, por ley, le corresponde a la entidad y es producto de su millonaria recaudación.
Insisto en el tema, porque en lo sucesivo la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, habría de enfrentar a los mandatarios estatales ante un mal reparto presupuestal, pues está visto que la intención del secretario de Hacienda es recortarles participaciones federales, so pretexto de la austeridad republicana.
Por Juan Sánchez Mendoza
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