Para el próximo año se planea una reconfiguración total del aparato de procuración e impartición de justicia en Tamaulipas.
De entrada, hacia finales del 2025 se llevará a cabo el proceso de sustitución de Irving Barrios en la Fiscalía General de Justicia, quien concluirá así un larguísimo periodo de casi una década al frente de la institución.
Ello se sumará a la nueva estructura de la Fiscalía Anticorrupción, cuya titularidad recae desde hace unas semanas en Jesús Govea Orozco.
En el mismo contexto, si se aprueba la iniciativa de reforma judicial presentada por el Gobernador Américo Villarreal Anaya, se concretará la renovación total del Poder Judicial del Estado a través de las primeras elecciones para este fin, que se llevarán a cabo en junio entrante.
Ahora, también hay que contemplar la muy posible incorporación de la
Unidad de Inteligencia Financiera y Económica a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Todo esta reestructuración resulta relevante porque sin ella, seguirán chocando con pared los esfuerzos del Ejecutivo estatal para llevar ante la justicia a quienes en la pasada administración desfalcaron al erario.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Unidad de Inteligencia Financiera han sido víctimas de sus circunstancias.
Ambas fueron empleadas sin pudor en el sexenio anterior como armas de amedrentamiento político, tiempo en el que estuvieron en manos de personajes que sirvieron solo a los intereses del cabecismo.
Ya sin esas ataduras, la responsabilidad para sus nuevos titulares es mucha.
No habrá pretextos para que, ahora sí, se haga justicia.
La iniciativa, de hecho, lo hace explícito pues en su argumentación señala que busca abatir el rezago en las investigaciones, utilizando análisis de datos financieros, fiscales y patrimoniales para rastrear movimientos sospechosos.
Dicho así, la incorporación de la UIFE a la Fiscalía tendría, en teoría, la capacidad de transformar la lucha contra la corrupción pues ésta aportaría información clave sobre lavado de dinero y desvío de recursos, con el objetivo de rastrear y recuperar los bienes públicos desviados.
La Unidad, dice la iniciativa, tendrá la responsabilidad de “la recuperación de recursos públicos desviados ilegalmente por servidores públicos, para beneficio propio o de terceras personas, quienes a través de diversos esquemas de lavado de dinero, buscan ocultar, encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino y movimiento de los mismos, con la finalidad de que aparezcan como el fruto de actividades lícitas y se incorporen sin problema en el sistema financiero”.
Por. Miguel Domínguez Flores
