Hace un par de semanas, la diputada morenista Lucero Deosdady Martínez, afirmó que su bancada legislará para despenalizar el aborto en Tamaulipas; el problema es que no dijo cuándo.
Tal como ocurrió en el caso de los matrimonios igualitarios, Tamaulipas empieza a rezagarse en este asunto que empieza a recorrer las legislaturas estatales de la República.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado abiertamente al respecto, con la claridad con la que se esperaría, es evidente que tras su llegada al poder, se ha fortalecido la idea de que el aborto libre y seguro debe ser un derecho de las mujeres mexicanas.
Esta semana, fue el Congreso de Chiapas el que eliminó de su Constitución la protección de la vida desde la concepción.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha fijado ya un plazo para legislar, y aunque algunos estados han atendido el llamado, aquí la respuesta aún es incierta.
El panorama nacional indica que la marea ha cambiado. Chiapas, un estado históricamente conservador, acaba de dar un paso que parecía imposible hasta hace poco: con 33 votos a favor y solo uno en contra, se ha modificado el artículo 4º de su Constitución, abriendo la puerta para que el aborto deje de ser criminalizado.
En ese contexto, Tamaulipas, junto con otras entidades federativas, enfrenta la presión de un mandato judicial que exige definir su postura.
El retraso legislativo no es exclusivo de Tamaulipas, pero la realidad es que 16 estados de la República han dado el paso hacia la despenalización del aborto, en línea con el dictamen de la SCJN que en 2021 declaró inconstitucional la criminalización de las mujeres por interrumpir su embarazo.
Estados como Aguascalientes, Veracruz y Puebla se han sumado a la lista, siguiendo el ejemplo de la Ciudad de México, pionera en este terreno desde 2007.
Los debates públicos en Tamaulipas sobre el tema han sido limitados pero las manifestaciones en las principales ciudades del estado han reunido a cientos de personas que exigen derechos reproductivos.
La SCJN ya ha marcado la pauta en la materia, y el mensaje es claro: no debe haber retrocesos en la ampliación de derechos.
Para el Congreso local, no se trata solo de atender las determinaciones de la Corte, sino de asumir una responsabilidad histórica con las mujeres tamaulipecas y con sus derechos.
En estados considerados conservadores como Jalisco y San Luis Potosí, donde también existía una fuerte resistencia, el cambio legislativo ha demostrado que es posible conciliar posiciones, ofreciendo a las mujeres opciones y respetando al mismo tiempo las creencias individuales.
Tamaulipas puede observar estos casos si decide abrir un verdadero debate plural e incluyente.
La ciudadanía tiene derecho a conocer los argumentos a favor y en contra, pero también merece que se legisle con responsabilidad y sin prejuicios. La natural resistencia al cambio no puede ser una excusa para la inacción.
La demora en Tamaulipas tiene un costo social que no se puede seguir ignorando: cada día que pasa sin una legislación clara, las mujeres tamaulipecas se enfrentan a la incertidumbre jurídica y, en muchos casos, a la clandestinidad para ejercer un derecho que ya es una realidad en buena parte del país.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
