Como ya lo hicieron los estadounidenses a través de la OEA para deponer a gobernantes incómodos de otras naciones de América Latina, las autoridades canadienses están utilizando el T-MEC para presionar a nuestro país por inconveniencias económicas y laborales causadas por el tratado comercial.
La Organización de Estados Americanos, por ejemplo, impidió la reelección de Evo Morales como presidente de Bolivia. La agrupación declaró que el proceso electoral había sido fraudulento y con la ayuda de las fuerzas armadas y la oposición política local depuso al primer mandatario.
La realidad es que el expresidente resultaba un riesgo para los intereses de Washington en la nación boliviana.
¿Por qué la OEA no aplicó la misma medida contra los presidentes surgidos del PRI, a pesar de que estos accedieron al poder a base de fraudes electorales, y tampoco pidió la anulación de la elección tramposa que llevó al panista Felipe Calderón a la presidencia el 2006?
Porque el tricolor y el PAN son partidos políticos al servicio del gobierno norteamericano.
En un acto de abierta intromisión en los asuntos internos de nuestro país, el embajador Ken Salazar expresó su rechazo a la reforma judicial, sin embargo, las autoridades de los Estados Unidos no dijeron nada cuando el presidente Ernesto Zedillo disolvió la Suprema Corte y destituyó a los ministros designados por los presidentes Miguel De la Madrid y Carlos Salinas.
El Partido Acción Nacional, que ahora se opone ferozmente a la reforma judicial formulada por la 4T, votó entonces a favor y hasta aplaudió la disposición del jefe del ejecutivo federal.
En las semanas recientes el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha sugerido excluir a México del Tratado comercial con Norteamérica. El argumento que expone es que nuestro país sirve de puerta trasera a la venta de productos de manufactura China, principalmente los automotrices.
El objetivo es frenar el crecimiento de la economía del gigante asiático en el continente americano.
En la misma dirección parecen encaminadas las amenazas del presidente electo Donald Trump de aplicar aranceles a los autos chinos que se comercializan en México y la política migratoria de deportaciones masivas de ilegales.
Al mismo tiempo matarían dos pájaros de una pedrada, castigarían a China y a la economía mexicana para causar malestar popular contra el adverso gobierno morenista y de paso ayudarían al resurgimiento del partido albiazul, una organización afín a los designios del país de las barras y las estrellas.
Resulta sospechoso que, como ocurrió después de que el presidente López Obrador llegó a palacio nacional, ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum gobierna la República nuevas oleadas de emigrantes de centro y sud américa cruzan México de paso a los Estados Unidos.
Que servirán de pretexto a Trump para utilizar el riesgo de invasión migrantes para restringir el flujo migratorio, obligar a la permanencia de estos en la frontera mexicana, mientras tramitan su ingreso a los EE. UU, y justificar la expulsión en masa de indocumentados.
También, por supuesto, obligar al gobierno mexicano ser menos reacio a la política de Gringolandia.
La misma finalidad parece tener la advertencia de una eventual intervención de agentes de la DEA a territorio mexicano, una expedición punitiva como la que realizada en 1916-1917 para perseguir a Pancho Villa, esta vez con el pretexto de la violencia criminal causada por el narcotráfico, que el propio dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, propuso cuando estaba al frente de las riendas del partido político, actualmente en desgracia.
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