Ante el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, en la frontera tamaulipeca se han encendido las alertas con nuevas amenazas. Texas está ofreciendo un terreno rural a lo largo de la frontera con México para usar para posibles deportaciones masivas durante la administración del presidente electo Donald Trump, y convertirlo en una especie de mega centro de deportación migratoria. La propiedad, que Texas compró originalmente el mes pasado, está ubicada en el condado rural de Starr en el Rio Grande Valley, muy cerca de McAllen, en la frontera con Tamaulipas.
Dawn Buckingham, la comisionada de Tierras de Texas, envió una carta el jueves a Trump extendiendo la oferta. La oferta de terreno es el más reciente ejemplo de una marcada división entre los estados y los gobiernos locales sobre si apoyar o resistir los planes de Trump para las deportaciones masivas de migrantes que viven en Estados Unidos ilegalmente.
El martes, el concejo municipal de Los Ángeles votó para convertirse en una jurisdicción “santuario”, limitando la cooperación con las autoridades federales de inmigración para llevar a cabo deportaciones.
Los líderes de Texas han respaldado medidas agresivas en la frontera para frenar los cruces, incluyendo la instalación de barreras de alambre de púas y la aprobación de una ley el año pasado que permitiría a las fuerzas del orden arrestar a migrantes que cruzan la frontera ilegalmente.
“Al ofrecer esta propiedad recién adquirida de 1,400 acres (566 hectáreas) al gobierno entrante de Trump para la construcción de una instalación para el procesamiento, detención y coordinación de lo que será la mayor deportación de criminales violentos en la historia de nuestra nación, me uno al presidente Donald Trump para asegurar que las familias estadounidenses estén protegidas”, dijo Buckingham en un comunicado.
Trump ha dicho que planea comenzar sus esfuerzos de deportación el primer día de su presidencia. Atacó frecuentemente la inmigración no autorizada durante su campaña, vinculando un aumento récord en los cruces fronterizos no autoriza
dos a problemas que van desde el tráfico de drogas hasta los altos precios de la vivienda. Se estima que hay 11 millones de personas en el país sin permiso legal. Quedan preguntas sobre cómo se identificaría a las personas y dónde serían detenidas.
El equipo de transición del presidente electo no dijo si aceptaría la oferta de Texas, pero envió un comunicado. “Desde el primer día, el presidente Trump movilizará todas las palancas de poder para asegurar la frontera, proteger sus comunidades y lanzar la mayor operación de deportación masiva de criminales inmigrantes ilegales en la historia”, dijo el miércoles Karoline Leavitt, la portavoz de transición de Trump y el vicepresidente electo JD Vance.
La Oficina General de Tierras de Texas no respondió a una solicitud de comentarios sobre el monto pagado por la tierra, pero la comisionada declaró que el propietario anterior se resistió a la creación de un muro fronterizo. Un tramo de 2,4 kilómetros (1,5 millas) de muro fronterizo fue construido bajo el gobernador republicano Greg Abbott en 2021 en esa tierra. Buckingham dijo que con la reciente compra, el estado ha creado otra posibilidad para más construcción de muro fronterizo.
Las tierras se ubican a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, aproximadamente a 56 kilómetros de McAllen. Buckingham detalló que las tierras fueron adquiridas el pasado 23 de octubre y en menos de 24 horas después se autorizó la construcción de la parte del muro fronterizo que corresponde al estado. De acuerdo con el periodista estadounidense Matt Roy, el terreno se usa actualmente como granja de cultivo para la producción de cebollas, canola, sorgo, algodón, soya y maíz.
TRUMP AMENAZA CON DEPORTACIÓN MASIVA DE MIGRANTES
Donald Trump prevé declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos en enero, una de las principales promesas de su campaña.
El magnate republicano de 78 años califica de “invasión” la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México
Los acusa de envenenar “la sangre” e “infectar” Estados Unidos, de comer mascotas, de ser “asesinos” y “salvajes”, entre otros calificativos despectivos extremos.
Para “liberar”, según él, el país proyecta “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos” en cuanto asuma el cargo el 20 de enero.
“Buenas noticias: según algunos reportes, la próxima administración de Donald Trump está preparada para declarar el estado de emergencia nacional y utilizar recursos militares para luchar contra la invasión (permitida por el presidente Joe) Biden a través de un programa de expulsiones masivas”, escribió Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, en la plataforma Truth Social del republicano.
El magnate respondió al mensaje con un “¡Es verdad!”. En abril, Trump declaró que la guardia nacional, un cuerpo militar, “debería ser capaz” de hacerse cargo de las deportaciones. “Si no es así, utilizaría el ejército“, es decir, las tropas federales, declaró a Time.
La deportación de migrantes no es nada nuevo en Estados Unidos. La administración de Biden echó a más de cuatro millones, “combinando deportaciones con expulsiones y otras acciones para bloquear la entrada de migrantes”, según un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington. Pero el republicano tiene previsto llegar mucho más lejos y, aunque se desconocen los detalles de sus planes, ha dado pinceladas. El magnate ha prometido invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798, sellar la frontera con México, retomar la construcción del muro fronterizo y contratar 10 mil agentes.
Intentará resucitar el programa Quédate en México, para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera; prohibir las ciudades santuario, que los protege de la expulsión, y suprimirles “todos los beneficios federales y de asistencia social”.
Además quiere poner fin o limitar otras vías legales de entrada como un amparo migratorio que les otorga permiso de residencia y trabajo (Estatus de Protección Temporal, TPS) o la posibilidad de solicitar cita a través de una aplicación de teléfono móvil o mediante trámites en los países por los que pasan.
Como consecuencia las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Muchos economistas también han advertido del costo exorbitante de una deportación masiva y su impacto en la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra. Un estudio publicado en octubre por la oenegé American Immigration Council evalúa el costo global en 88 mil millones de dólares por año, es decir, 967 mil 900 millones en más de una década.
TENSIÓN EN LA FRONTERA
Los anuncios de “mano dura” del candidato republicano han encendido las alarmas ante la posibilidad de una nueva crisis en la región. Durante el primer mandato de Donald Trump, entre 2017 y 2021, se implementaron deportaciones masivas, la política de “Quédate en México” —que obligaba a los migrantes a esperar en territorio mexicano mientras se resolvía su solicitud de asilo en Estados Unidos— y se cerró la frontera con el argumento de la pandemia de Covid-19, lo que resultó en una saturación de Reynosa y Matamoros con miles de extranjeros varados.
En estas dos ciudades fronterizas, que son las únicas en Tamaulipas autorizadas por Estados Unidos para realizar trámites de asilo, se formaron campamentos de familias migrantes en plena vía pública y en plazas debido a la falta de espacio en los albergues.
El pastor Héctor Silva, responsable de las casas de migrantes Senda de Vida, las más grandes de Reynosa y que actualmente están a menos del 50% de su capacidad, señaló que existe incertidumbre sobre un posible segundo mandato de Trump, pero recordó la difícil situación que vivieron durante su primera Administración.
“Trump ya fue Presidente antes y lo que vimos fue que muchas familias sufrieron, incluyendo niños y migrantes que intentaron ingresar al país”, afirmó Silva.
Con el presidente demócrata Joe Biden, se eliminaron las políticas migratorias de Trump y se creó un canal claro y legal para tramitar el asilo a través de la aplicación móvil CBP One, lo que ha reducido los cruces indocumentados y descongestionado la frontera, ya que el trámite se puede iniciar desde cualquier lugar.
Así, los migrantes solo acuden a la frontera cuando tienen su cita programada, pasando el resto del proceso en el interior del país, donde están menos expuestos a los riesgos del crimen organizado. En Senda de Vida y en el puente internacional de Reynosa, varios migrantes que esperan su proceso de asilo confían en poder ingresar a Estados Unidos sin ser deportados.
“Si fuera a un estado racista lo pensaría dos veces”, comentó una migrante, “pero voy a California, tengo parientes, y creo que Trump no puede echar a todos, nosotros somos quienes trabajamos”.
Ante la reciente formación de caravanas migrantes en el sur de México, el sacerdote Francisco Gallardo, a cargo de las casas de migrantes católicas en Matamoros y Reynosa, mencionó que por ahora no tienen información de que estas caravanas se dirijan hacia Tamaulipas, recordando que el estado se ha vuelto una zona peligrosa para los migrantes. Hasta el mes de octubre, se estimaba que en las ciudades de la frontera del estado, había alrededor de 4 mil migrantes, entre ellos 460 menores de edad.
“La situación es de una tendencia muy marcada a la baja, es una situación emergente, se mueven familias, por eso se ven inmersos muchos niños, ahora no tenemos ni el 10 por ciento de lo que llegamos a tener en la frontera”, comentó Juan José Rodríguez Alvarado, Director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes
En cuanto a los menores, se destacó que la mayoría llega acompañada por sus padres, hermanos u otros familiares adultos, mientras que los casos de menores no acompañados son los menos frecuentes. Respecto a las nacionalidades de los migrantes, se mencionaron principalmente venezolanos y haitianos, además de personas provenientes de algunos países centroamericanos. “Su objetivo es ingresar a Estados Unidos de manera legal a través de un permiso”, señaló.
Rodríguez Alvarado indicó que algunas familias migrantes esperan hasta ocho meses para ser convocadas a comparecer ante un juez y presentar los motivos de su solicitud de asilo humanitario.
“Por esa razón, el Gobierno del estado ha implementado políticas públicas relevantes, como asegurar la continuidad educativa de los niños, de modo que cuando logren cruzar la frontera, no hayan perdido la oportunidad de seguir con su formación académica”, explicó.
Se informó que alrededor de 460 niñas, niños y adolescentes están en refugios o casas de migrantes en la frontera, siempre acompañados por sus padres u otros familiares. “El total de migrantes que tenemos actualmente es de casi 4 mil, lo que es considerablemente bajo en comparación con los casi 30 mil que llegamos a tener a finales de 2022 y 2023. En este 2024, la tendencia ha sido a la baja”, subrayó.
POR STAFF
