Cuando terminó la administración anterior, el gran tema en la agenda pública de Tamaulipas era la obligación de llevar ante la justicia a los responsables del quebranto económico que sufrió el estado, por evidentes actos de corrupción.
El asunto, claro, formó parte de la campaña por la gubernatura como antes había formado parte de la elección intermedia del 2021.
Muy pronto quedó claro que no sería sencillo.
El gobierno cabecista se aseguró de dejar suficientes candados en el aparato de procuración e impartición de justicia para protegerse.
En ese laberinto político pasaron casi dos años hasta que el panorama empezó a cambiar con los resultados electorales del 2024.
Hoy la situación es claramente distinta y en ese contexto, también empieza a renovarse la posibilidad de que se haga justicia.
La actual administración, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, ha tomado una postura firme: no habrá impunidad. Según la consejera jurídica del estado, Tania Gisela Contreras López, se han presentado más de 165 denuncias por irregularidades documentadas.
Entre los casos destacan desvíos millonarios en programas sociales, específicamente en la compra de despensas, y en la Secretaría de Salud, donde la corrupción se disfrazó de contratos de seguros y medicamentos.
Estos datos dibujan un panorama de abuso sistemático del poder: la contratación de seguros de vida y gastos médicos que nunca se cubrieron o la construcción de infraestructura hospitalaria que quedó en promesas vacías son ejemplos muy claros.
Lo positivo es que las investigaciones avanzan. En las últimas semanas, se han logrado vinculaciones a proceso y órdenes de aprehensión contra exfuncionarios clave, incluidos antiguos titulares de las Secretarías de Bienestar Social y de Administración. Además, la Fiscalía Anticorrupción prepara un nuevo paquete de órdenes de aprehensión.
Queda claro que estos avances no podrían ocurrir si no fuera porque, precisamente, ha empezado a cambiar la estructura de procuración de justicia en Tamaulipas.
La salida de Raúl Ramírez Castañeda de la Fiscalía Anticorrupción representó un paso significativo porque ahí era donde estaban atoradas la mayoría de las carpetas contra ex funcionarios.
Ahora a Jesús Govea le toca estar a la altura de las altas expectativas que generó su llegada a la FECC, y de quienes han confiado en él para extenderle esa responsabilidad.
Casi al mismo tiempo, viene la renovación total del Poder Judicial de Tamaulipas que ya comenzó con la renuncia a la presidencia de David Cerda Zúñiga.
Las condiciones, pues, están dadas para que haya resultados y se haga justicia.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
