El primer golpe certero -con prisión de por medio- para quienes incurrieron en actos de corrupción en la administración anterior, se concretó gracias a la documentación del manejo sucio que se dio al dinero público en la compra de despensas.
Los programas presupuestales que debían haberse utilizado para el bienestar de los más pobres, se usaron más bien para desfalcar al estado.
La historia comenzó en la pandemia del Covid-19 que fue aprovechada para el saqueo.
Con la excusa de la emergencia sanitaria, en el 2020 la Secretaría de Bienestar, entonces dirigida por Rómulo “N”, recurrió a una serie de compras millonarias por la vía de la adjudicación directa.
A través de oficios enviados al Secretario de Administración de aquellos tiempos, Jesús Alberto Anzaldúa -también vinculado a proceso- Rómulo solicitaba que se exceptuara cualquier procedimiento de licitación.
“En virtud de que esta pandemia tiene un crecimiento exponencial, es que estimamos que es una situación atípica, que implica que en caso de seguir todo el proceso de licitación o invitación a tres estamos poniendo en riesgo la salud y la alimentación de las familias de Tamaulipas”, señalaba el Secretario de Bienestar en el documento.
No estaba hablando de cualquier cifra, la solicitud del ex funcionario -hoy preso en el CEDES de Victoria- era para que Administración avalara la compra de hasta 1 millón de despensas por un monto de 250 millones de pesos.
La petición, faltaba más, fue aprobada por el Secretario de Administración y por el entonces Secretario del Comité de compras y Operaciones Patrimoniales, Carlos Valdés Suárez, quien poco después pasó a ser subsecretario de Ingresos de la administración panista.
La empresa beneficiaria de la compra millonaria sería Lácteos de Tamaulipas SA de CV, una empresa tampiqueña ubicada muy cerca de la Isleta Pérez, propiedad de Luis Pastrana Valls, y representada oficialmente por Patricia del Carmen Valls Orantes.
Dos cosas eran suficientes para llamar la atención en torno a esta urgente adjudicación directa: la primera es que la persona moral es una compañía ampliamente conocida en la región huasteca por la venta -como su nombre lo indica- de quesos y otros productos derivados, pero poco se sabía sobre su giro como mayorista de abarrotes.
La segunda es que la compañía cuya marca comercial es “La Hacienda” ya cobrado notoriedad, luego de haber sido señalada de robarle agua a la Comapa, a pesar de lo cual en el 2019 se le condonó una deuda de más de 3 millones de pesos, en los tiempos en que los Cabeza de Vaca exprimían al organismo operador del agua.
Para tratar de justificar la selección de esta empresa, Rómulo “N” aseguró: “se solicita a la empresa señalada ya que es la que reúne las condiciones, requisitos y estructura de almacenamiento más viables; así mismo, cuenta con capacidad de respuesta para cubrir con los requerimientos en tiempo y forma de conformidad con los plazos establecidos”.
El contrato DGCYOP/032/2020 ya había sido observado por la Auditoría Superior de la Federación, que levantó varias acciones por las graves irregularidades detectadas.
Lo más relevante es que el gobierno de Tamaulipas pagó siete facturas “sin evidencia documental
comprobatoria del gasto como póliza, comprobante de pago transferencias bancarias electrónicas (SPEI) y estado de cuenta bancario”.
Tampoco presentó el acta de entrega recepción de la entrega a la bodega, ni documentación que acredite la entrega de 625,019 despensas a los beneficiarios por un total de 156 millones de pesos.
De todo esto, claro, se desprende la sospecha de que los paquetes alimentarios se adquirieron a sobreprecio, con un costo unitario de 250 pesos.
Pareciera que el caso de Rómulo “N” y las compras que se hicieron durante la pandemia, servirán para tirar de un hilo muy largo que involucra a decenas de ex funcionarios y empresarios de Tamaulipas.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
