Cuando Andrés Manuel López Obrador decidió echar a andar su proyecto político y fundó Morena, generó una fuerza que se convirtió en una aplanadora, arrasando con los residuos de la oposición priista y panista. Sin embargo, esa organización, que involucró a fuerzas políticas de todos los colores e intereses, terminó por generar con el tiempo una red de poder incontrolable.
La figura de López Obrador, su habilidad y sus marrullerías le permitieron mantener el control de esa mescolanza de fuerzas políticas, pero también dieron lugar a una colisión de intereses en todos los niveles de poder, complicando las tareas de gobernabilidad. En los municipios, actores políticos se han convertido en pequeños señores feudales, sintiéndose autosuficientes y con amplios poderes para ser los dueños de sus propias ínsulas baratarias.
Esto ocurre en todo el país. A lo largo del territorio nacional hay una lucha sorda por extender el control de los espacios públicos y los presupuestos. Como en los viejos tiempos del priismo hegemónico, pero ahora con una fuerte dosis de cinismo, se han dejado de lado las formas más elementales del servicio público. A cielo abierto y sin rubor, se abusa del poder, se establecen alianzas y se realizan negocios dentro y fuera de la ley.
La política se ha convertido en un espacio sin códigos de ningún tipo.
Sin embargo, hay situaciones aún más preocupantes, como la del llamado Grupo Reynosa, en el cual confluyen los peores intereses de la política tamaulipeca.
La apertura de AMLO y sus estrategas fue más allá del pragmatismo. Cuando abrieron las compuertas de Morena, no establecieron filtros, permitiendo la llegada de todo tipo de personajes, incluidos aquellos con un oscuro pasado y sin cabida ni siquiera en el PAN. Entre ellos, destacan Maki Ortiz, su hijo Carlos Peña y el senador José Ramón Gómez Leal, cabezas visibles de un grupo que se ha propuesto escalar el poder y que ya tiene la mira puesta en el 2028.
Este grupo ha tejido una extraña alianza con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien ahora busca, cueste lo que cueste y tope donde tope, resetear su proyecto político tras el periodo de hibernación que tuvo que enfrentar tras la derrota de 2022.
El clan fronterizo está empeñado en hacer realidad su proyecto, sin importar el costo, y la embestida contra quienes estorben en su camino se ha intensificado en los primeros meses de 2025. Este embate apenas comienza, pero el asunto no es solo local: tiene alcances nacionales y, dependiendo de su éxito, podría representar grandes retos para la propia presidenta.
Detrás de este escenario hay personajes de la política nacional que apuestan todo en una lucha por acaparar cualquier espacio de poder que encuentren a su alcance, con un pragmatismo que nada tiene que ver con ideologías o militancias políticas.
El ejercicio de la gobernabilidad se ha convertido en una tarea compleja. Se debe lidiar con poderosos intereses que operan a cielo abierto en negocios ilícitos y que ahora buscan legitimarse, acaparando instituciones a nivel nacional, estatal y local.
Por lo pronto, habrá que ver cómo se configuran los escenarios políticos y cómo se acomodan los personajes que juegan un rol protagónico en la política estatal.
El panorama es complicado y rebasa los límites del territorio tamaulipeco. Dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen desde Palacio Nacional, de la operación política, las acciones legales y las alianzas que se tejan a nivel local para contener a un grupo político que, desde ahora, opera sin límites para salirse con la suya.
