CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha intensificado de manera significativa la fiscalización de los recursos federales ejercidos por los municipios de Tamaulipas, al pasar de solo dos municipios auditados en la Cuenta Pública 2019 a 15 en la Cuenta Pública 2023, lo que representa un incremento del 650%.
Este aumento forma parte del modelo Colmena, una estrategia implementada por la ASF para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos federales en los gobiernos locales. Además de las auditorías, la ASF realizó requerimientos de información sobre el ejercicio de los recursos de origen federal al 100% de los municipios tamaulipecos.
A nivel nacional, la fiscalización también ha crecido de manera considerable. En 2023, se auditaron 839 municipios, lo que equivale al 34% del total en el país, representando un incremento del 411% desde 2020.
En Tamaulipas, los municipios auditados en la Cuenta Pública 2023 fueron Aldama, Altamira, Bustamante, Ciudad Madero, El Mante, Jaumave, Matamoros, Nuevo Laredo, Ocampo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Tula y Victoria.
Un aspecto innovador en este proceso fue la implementación, por primera vez en noviembre de 2023, de procedimientos propios de auditorías por medios electrónicos en auditorías presenciales. Este mecanismo busca agilizar los plazos y mejorar la eficiencia en la fiscalización.
El informe de la ASF también reveló la alta dependencia de los municipios tamaulipecos respecto a los recursos federales. En promedio, el 85.9% de los ingresos municipales provienen de gasto federalizado. Algunos de los municipios con mayor dependencia son Bustamante, con el 99.5%; Tula, con el 96.6%; Jaumave, con el 96.4%; Ocampo, con el 95.2%; San Fernando, con el 91.8%, y Nuevo Laredo, con el 91.6%.
En total, seis municipios dependen en más del 90% de los recursos transferidos por la Federación para el ejercicio de sus presupuestos, lo que subraya la importancia de una fiscalización rigurosa para garantizar el adecuado uso de estos fondos.
Las auditorías realizadas han permitido detectar irregularidades en el manejo de los recursos federales en varios municipios de Tamaulipas, identificando un probable daño a la Hacienda Pública por 74.2 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2023.
Esto también significa un incremento en el hallazgo de presuntas irregularidades, pues en el 2022 el presunto daño fue de 29.2 millones de pesos; es decir, a raíz del incremento en las auditorías como parte del Modelo Colmena, también se detectaron 154% más inconsistencias de un año a otro.
Estas irregularidades fueron detectadas en fondos provenientes de las Participaciones Federales a Municipios (PFM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), destinados a obras públicas y adquisiciones.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran inconsistencias en arrendamientos, obras y adquisiciones, incluyendo pagos sin evidencia de entrega y falta de documentación comprobatoria. En Matamoros, bajo la administración de Mario López Hernández, se identificaron anomalías por 7.5 millones de pesos, destacando un contrato de obra por 6.1 millones de pesos sin evidencia de amortización del anticipo otorgado, y deficiencias en la renta de copiadoras por 1.3 millones de pesos. Como consecuencia, la ASF emitió tres solicitudes de aclaración y un pliego de observaciones.
En Ciudad Madero, se encontraron irregularidades en expedientes por 17.9 millones de pesos en contratos de mantenimiento de infraestructura, los cuales carecían de documentos clave como suficiencia presupuestal, opiniones del SAT y garantías de vicios ocultos, lo que derivó en una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Respecto al FORTAMUN, en El Mante se hallaron deficiencias en la adjudicación de contratos, donde empresas vinculadas entre sí obtuvieron beneficios indebidos, además de la falta de comprobantes por 6.5 millones de pesos en obras de infraestructura. En Aldama, la ASF solicitó aclaraciones sobre 3.8 millones de pesos destinados a alumbrado público debido a la ausencia de evidencias sobre el desmontaje de luminarias y pruebas de compactación del suelo en obras de revestimiento.
En Jaumave se detectó un probable daño por 2.9 millones de pesos, donde una obra por 877 mil pesos no se ejecutó y otra presentó conceptos pagados sin realizar. La ASF determinó que los recursos no fueron devengados conforme a la normativa.
Ante estas observaciones, los municipios implicados deberán solventar las irregularidades detectadas o enfrentar procesos administrativos y legales.
La ASF aplica un protocolo de siete etapas para fiscalizar el uso de las Participaciones Federales en los municipios mexicanos.
Este proceso estructurado garantiza que los recursos federales transferidos a los ayuntamientos sean utilizados con transparencia y apego a la normatividad vigente.
La metodología de revisión comienza con la etapa de Inicio, donde se determina el alcance de la auditoría y se notifica oficialmente al municipio seleccionado.
Posteriormente, se establecen los Procedimientos específicos que guiarán la fiscalización, adaptados a la naturaleza y características del ayuntamiento.
Durante la fase de Requerimientos, los auditores solicitan documentación oficial, estados financieros, expedientes técnicos y toda evidencia necesaria para verificar el correcto ejercicio del gasto. Con esta información, el equipo auditor realiza análisis detallados que derivan en Resultados preliminares.
Los municipios tienen derecho a presentar Aclaraciones y evidencia adicional para justificar observaciones o posibles irregularidades detectadas. Los argumentos presentados son analizados minuciosamente para determinar si son suficientes para solventar las observaciones.
El proceso culmina con la emisión de Resultados Finales y la integración del Informe de Auditoría, documento que detalla hallazgos, observaciones no solventadas y, en su caso, posibles responsabilidades administrativas o penales que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Este ciclo de fiscalización busca no solo detectar posibles desviaciones en el uso del gasto federalizado, sino también fortalecer los mecanismos de control interno municipal para prevenir irregularidades futuras.
Por Staff
Expreso-La Razón
