La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas hizo público ayer un desmentido sobre la supuesta existencia de un “campo de exterminio” y un “crematorio clandestino” en Reynosa, que había difundido el colectivo “Amor por los desaparecidos en Tamaulipas”.
Esto vuelve a colocar en el centro del debate el papel de las organizaciones civiles y la importancia de la veracidad en la información que se comparte con la sociedad.
El tema de los desaparecidos es, sin duda, uno de los más sensibles en el estado y en el país. San Fernando y sus fosas clandestinas de migrantes, durante el gobierno de Eugenio Hernández Flores no se olvida.
La crisis forense y la falta de respuestas han llevado a que colectivos y familiares de víctimas se conviertan en actores clave en la búsqueda de justicia.
Sin embargo, esta labor no está exenta de responsabilidad, pues información falsa o imprecisa no solo genera confusión y alarma social, sino que también debilita la lucha legítima de quienes buscan a sus seres queridos.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, tras realizarse la inspección en el lugar señalado por el colectivo, no se encontraron restos óseos, olores fétidos ni indicios que sugirieran la existencia de un crematorio clandestino.
En cambio, se confirmó que la construcción en cuestión es una obra en proceso de una funeraria local.
Este hallazgo desmiente las afirmaciones difundidas por Edith González Treviño, vocera del colectivo, quien promovió la versión en distintos medios de comunicación.
Ante este escenario, surgen preguntas obligadas: ¿Hubo dolo en la difusión de esta versión, o se trató de un error producto del desespero y la falta de acceso a información clara?
¿Por qué no se esperó a que las autoridades confirmaran o desmintieran la versión antes de encender las alarmas mediáticas?
El Gobierno de Tamaulipas ha insistido en que, a diferencia del pasado, hoy los colectivos de búsqueda encuentran en el Estado un aliado para la localización de personas desaparecidas.
De acuerdo con datos oficiales, la incidencia delictiva ha mostrado una reducción, y la entidad se mantiene entre las más seguras del país.
No obstante, la percepción ciudadana no siempre coincide con las estadísticas, y casos como este alimentan la desconfianza.
El reto para las autoridades es claro: la transparencia y la rapidez en la respuesta a señalamientos de esta naturaleza son esenciales para evitar que se propague información falsa.
Mientras tanto, los colectivos y medios de comunicación tienen la responsabilidad de verificar sus fuentes antes de difundir versiones alarmistas que, lejos de ayudar a las víctimas, generan incertidumbre y debilitan su causa.
En Tamaulipas, la seguridad y la justicia siguen siendo temas de alta prioridad, como lo hemos visten los últimos tres años.
La búsqueda de desaparecidos debe ser una labor conjunta, basada en la verdad y la seriedad, sin dar espacio a la desinformación.
Porque en un estado que ha sufrido los estragos de la violencia, la verdad es un derecho que no admite concesiones.
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