Se veía venir: el año pasado, después del triunfo arrollador de Morena en Tamaulipas, el gobierno del estado obtuvo las fichas necesarias para ir a fondo, y no las está desaprovechando.
Lo dijimos en aquel momento, el gobernador arribó a la mitad de su sexenio en condiciones inmejorables de gobernabilidad, una nueva etapa de su administración que hasta entonces había tenido que navegar entre los obstáculos plantados por el régimen panista.
Hoy, Américo puede presumir de tener los hilos del poder en la mano.
El control sobre el Congreso ha sido clave. Ahora sí, una bancada mayoritaria de la 4T ha tenido la posibilidad de desenredar los nudos del cabecismo.
Pero además, ha recuperado la Auditoría Superior del Estado con todo lo que eso implica.
En las próximas semanas, por ejemplo, serán analizados los informes de las cuentas públicas 2023, entregados a la Comisión de Vigilancia.
Las versiones que han trascendido desde el interior del Poder Legislativo es que la revisión fue más exhaustiva que nunca y los resultados negativos no serán escondidos aunque estos correspondan a presidentes municipales emanados de Morena.
En un contexto político como el de Tamaulipas, esto implica un posible correctivo a aquellos alcaldes en todas las latitudes del estado, que se sueñan virreyes de sus parcelas regionales.
La diferencia con lo que ocurría en el pasado es notable.
De entrada, al frente de la ASE ya no está Jorge Espino Ascanio, quien operó abiertamente para tapar los excesos y las irregularidades cometidas por el cabecismo.
Pero quizás lo más importante sea lo que viene después en el proceso de fiscalización.
Porque la Fiscalía Anticorrupción también ha empezado a salir del letargo en el que se encontraba mientras estuvo en las manos de otro alfil del régimen panista.
El abogado Raúl Ramírez Castañeda, célebre por aferrarse al cargo durante mucho más tiempo del que la dignidad sugería.
Es verdad que falta conocer los resultados finales de los casos que ahora encabeza el Fiscal, Jesús Govea, pero por lo menos en estos primeros cuatro meses de su gestión, ha sido evidente que el organismo está en proceso de reconstrucción con el evidente objetivo de llevar a prisión a quienes cometieron actos de corrupción.
Finalmente, la última etapa de esta cadena de procuración e impartición de justicia también está en plena renovación.
Para la segunda mitad de este año, Tamaulipas tendrá un Poder Judicial completamente nuevo, ya muy lejos de la herencia cabecista.
La mesa está puesta: si en muchos rubros el gobierno del estado ya ha respondido resultados positivos, el 2025 parece ser el año para consolidar el combate a la corrupción, una de las patas que sostienen el discurso de la 4T, ni más ni menos.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
