No obstante la promesa hecha por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, de que al asumir la dirección cambiaría el rumbo político de la agrupación y prescindirá del PRI en las elecciones, la cúpula albiazul anunció que en los comicios de Durango irá otra vez en alianza con el tricolor.
Y no solo eso, en la contienda electoral de Veracruz Acción Nacional postuló -afirman los panistas que se oponen a la coalición con el tricolor- a candidatos sin liderazgo y a personajes cercanos a los cacicazgos de la familia Yunes recientemente expulsados del partido.
Las críticas, por supuesto, no se hicieron esperar.
Los exdirigentes nacionales lamentan que el jerarca haya incumplido el compromiso de desligarse del Revolucionario Institucional, a sabiendas de que esa fue una de las causas de los fracasos electorales que sufrió el panismo durante el mandato de Marko Cortés, empezando por la elección presidencial de 2024.
También de que el gobernador de Durango, de extracción priista, Esteban Villegas, haya apoyado a través del Congreso Estatal todas las reformas legales planteadas por la Cuarta Transformación, incluida la reforma judicial, rechazadas por los legisladores panistas del congreso de la Unión.
Eso significa que el partido de Gómez Morín carece de la fuerza que se requiere para competir sin aliados las posiciones de elección popular a Morena y que en tanto no logre recuperar la confianza de los ciudadanos no tendrá más alternativa que hacer causa común con lo que queda del ex partido oficial, a pesar del elevado rechazo de los votantes.
La alianza del PAN con el PRI en Veracruz, por otra parte, abre momentáneamente al Movimiento Ciudadano una opción de crecer ya que, como señala el partido naranja en sus anuncios publicitarios, es el único desvinculado de los Yunes, aunque a decir de los enterados la coyuntura será insuficiente al MC para frenar al partido guinda que, como es sabido, gobierna actualmente a la entidad veracruzana.
El consejo general del IETAM, por otra parte, estableció que los topes de gastos de campaña de los 349 candidatos que participarán en la elección judicial del primero de junio serán de 63 mil 627 pesos para jueces de primera instancia y la suma será igual, pero por distrito judicial para los magistrados regionales.
Y de 954 mil 405 pesos para los cargos de mayor jerarquía.
Como se trata de gastos personales y está prohibido el financiamiento público, los gastos deberán salir del patrimonio de cada uno de los candidatos y serán supervisados para garantizar que no excedan los montos establecidos, como establece el artículo 42 de la Ley Electoral de Tamaulipas.
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