El pasado 26 de abril, Carlos Canabal Ruiz, huyó de su domicilio ubicado en el departamento 106, del edificio de Calle José Vasconcelos 150 en la colonia del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León.
El ex alcalde de Cancún, procesado por administración fraudulenta de 531 millones de pesos, estaba detenido bajo prisión domiciliaria en ese lujoso condominio desde diciembre del año pasado.
Se le acusa de defraudar a la empresa LV S.A. de C.V, por lo que fue detenido el 9 de febrero del año pasado en Tulum, y trasladado al Centro de Reinserción Social 1 Norte, en Apodaca, donde estuvo recluido hasta octubre, cuando fue traslado al Hospital Universitario de Monterrey.
Un poco después, por esos supuestos problemas de salud promovió un amparo para poder llevar su proceso en casa, con todas las comodidades que puede brindar un departamento en el municipio más exclusivo del país.
Con la venia de un juez federal, el ex presidente municipal finalmente recibió la prisión domiciliaria, desde donde pudo huir.
El amparo salvador fue concedido en el ya famoso Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, Tamaulipas.
Desde ahí y desde el vecino Juzgado Octavo han salido todo tipo de resoluciones polémicas que han favorecido lo mismo al ex gobernador Cabeza de Vaca y su círculo más cercano, que al gobernador de Nuevo León Samuel García, y otros funcionarios de esa entidad.
Sobra decir que algo extraño ocurre en esas sedes judiciales el Distrito 19, porque sus titulares se han vuelto tan populares entre políticos de diversas latitudes, que al menor riesgo obtienen suspensiones y amparos para evitar ser detenidos, que sus bienes y cuentas les sean congeladas, o como en el caso de Samuel, incluso para evitar ser sometidos a juicio político.
El Juzgado Séptimo de Distrito era ocupado hasta el año pasado por Juan Fernando Alvarado López, a quien los Congresos de Tamaulipas, de Nuevo León, y la Cámara de Diputados, han acusado sistemáticamente de favorecer con sus resoluciones a Cabeza de Vaca y Samuel García.
Al ex gobernador incluso le otorgó un amparo con el que pretendía garantizar sus derechos político electorales, para que pudiera ser candidato en la pasada elección federal, a pesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo había declarado inelegible por considerarse prófugo de la justicia.
Acaso esa haya sido la gota que derramó el vaso, porque un poco después el Consejo de la Judicatura Federal confirmó su remoción.
En su lugar fue nombrado el Juez Fidel Gallegos Figueroa, quien ahora también está bajo la lupa por casos como el del ex alcalde de Cancún.
De hecho, recientemente el Congreso de Tamaulipas hizo un llamado a la Judicatura para que se vigile la actuación del juzgador quien todavía tiene en sus manos la definición sobre un amparo solicitado por Cabeza de Vaca y algunos de sus familiares, para evitar una orden de aprehensión en su contra.
La resolución que dicte Gallegos Figueroa servirá para comprobar si el Juzgado Séptimo de Distrito está en proceso de limpia o es todavía un proveedor de impunidad.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
