2 junio, 2025

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Desatienden 90% de las recomendaciones

Entre 2017 y 2022, la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas emitió más de 250 recomendaciones a municipios y Comapas; de las cuales, la inmensa mayoría siguen sin atenderse

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los gobiernos municipales y organismos operadores del agua han ignorado casi el 90% de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) desde hace seis años.

En ese periodo, el órgano fiscalizador ha emitido 283 recomendaciones a las cuentas públicas del 2017 al 2022, y solo 30 de ellas han sido atendidas de manera correcta.

La mayor parte de estas recomendaciones son promociones de responsabilidades administrativas, es decir, llamados a que las áreas encargadas sancionen a sus funcionarios que hayan incurrido en irregularidades.

A las estadísticas se sumarían otras 78 recomendaciones emitidas por la ASE a las cuentas públicas del 2023, de las que solo se han atendido dos, sin embargo, éstas fueron generadas recientemente, por lo que los entes aún están en tiempo para obedecer.

Los municipios con menor índice de recomendaciones atendidas son los pequeños.
Antiguo Morelos, Mainero, Villagrán, Palmillas y Gómez Farías destacan por haber recibido entre cinco y siete observaciones cada uno sin atender ninguna.

Antiguo Morelos, por ejemplo, recibió seis recomendaciones que fueron completamente ignoradas. Mainero acumuló el mismo número de observaciones sin dar respuesta a ninguna, mientras que Villagrán, con siete recomendaciones, también presenta un cumplimiento nulo.

Municipios con mayor presencia como Matamoros y Miguel Alemán mostraron un cumplimiento parcial, ya que en el primer caso se atendieron solo tres de cinco observaciones y en el segundo dos de ocho. Reynosa es la excepción, pues de siete recomendaciones atendió seis, lo que representa el nivel más alto de cumplimiento en este periodo.

La situación en las Comapas es muy similar.
Organismos como los de Nuevo Morelos, El Mante, Palmillas, Villagrán y Antiguo Morelos recibieron entre cinco y seis observaciones, sin que ninguna haya sido solventada en la mayoría de los casos. Comapa Nuevo Morelos acumuló seis recomendaciones sin respuesta; lo mismo ocurrió con las Comapas de El Mante y Antiguo Morelos. En Palmillas, de seis recomendaciones solo se atendió una, mientras que la Comapa de Villagrán registró cierto avance al dar respuesta a dos de las cuatro observaciones que le fueron hechas.

Otros entes públicos también fueron señalados por la Auditoría, como el Sistema DIF Reynosa, así como la Junta de Agua y Drenaje de Matamoros, todos con observaciones pendientes de atender.

En su informe semestral la ASE hizo hincapié en el notable incremento del número de recomendaciones emitidas para el ejercicio 2023, lo cual se debe, según ha expresado el Auditor, a que en esta ocasión se puso mayor atención en la revisión del gasto.

“El seguimiento (a las recomendaciones) es tarea fundamental de la Auditoría Superior, pues ello trasciende en la prevención de irregularidades para evitar posibles errores o incumplimientos, asegura el apego a la normatividad, entre otros aspectos; y en cuanto a las orientadas al desempeño, las recomendaciones influyen en el logro de objetivos e impacto de las políticas públicas, lo que se traduce en un mayor beneficio para la sociedad”, señala el documento entregado al Congreso.

En múltiples foros, el titular de la ASE, ha cuestionado la falta de interés de los organismos auditados por cumplir con las acciones que se dictan.

“La presentación de este informe no marca el fin de nuestro trabajo, sino que establece un punto de partida crucial para los retos venideros. El seguimiento puntual y efectivo de las acciones y recomendaciones promovidas, constituye una tarea prioritaria”.

Advierte que en la siguiente etapa, los casos se pueden llevar a otras instancias: “La culminación exitosa de estos expedientes, tanto en el ámbito administrativo con la imposición de las sanciones correspondientes, como en el ámbito penal con la judicialización de los supuestos donde se actualicen probables hechos constitutivos de delito, resulta esencial para fortalecer el estado de derecho y enviar un mensaje claro de que el uso indebido de los recursos públicos no quedará impune”.

Por Staff
Expreso-La Razón

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