El Congreso de Tamaulipas recibió ayer una iniciativa que, de ser aprobada, colocaría al estado dentro del grupo de entidades del país que han dado un paso normativo hacia el reconocimiento de la identidad de género.
Sería una buena noticia, pues si bien no sería de los pioneros en legislar al respecto, tampoco será de los últimos en hacerlo como ocurrió en el caso del matrimonio igualitario, y como puede pasar con la despenalización del aborto que sigue congelada.
La propuesta legislativa, impulsada por la diputada morenista Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, busca reformar el artículo 34 del Código Civil local para permitir que las personas trans y no binarias puedan modificar su identidad sexo-genérica en todos sus documentos oficiales mediante un trámite administrativo, sin la necesidad de recurrir a juicios de amparo.
La iniciativa responde a una deuda histórica con la comunidad trans en la entidad, que se refleja no solo en la ausencia de legislación en la materia, sino en los obstáculos burocráticos que enfrentan las personas que buscan que su documentación refleje su identidad de género.
Actualmente no hay un procedimiento claro y accesible para este fin, lo que obliga a cientos de personas a solicitar amparos judiciales para lograr el cambio de identidad en sus actas de nacimiento.
En lo sustancial, la reforma obligaría al Registro Civil a reconocer la identidad de género autopercibida como base para emitir una nueva acta de nacimiento.
Esto significaría un cambio profundo en el trato institucional hacia las personas trans, eliminando la necesidad de procesos judiciales costosos, largos y emocionalmente desgastantes.
Además, con esta medida se alinearía a Tamaulipas con criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sostenido que el derecho a la identidad de género forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, debe ser garantizado por el Estado.
En el contexto nacional, 25 entidades ya han aprobado leyes o reformas similares. Ciudad de México, por ejemplo, permite desde hace años que personas mayores de 12 años realicen este trámite mediante un proceso administrativo ante el Registro Civil. Otros estados como Jalisco y Oaxaca también han extendido este derecho a personas menores de 18 años. Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Quintana Roo y Veracruz forman parte del grupo de entidades que han legislado en la materia, con variantes según su normativa interna.
Incluso estados tradicionalmente conservadores, como Guanajuato o Yucatán, han dado pasos en el reconocimiento de derechos de la población LGBTIAQ+.
El proceso legislativo apenas comienza. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen. Será en ese espacio donde se mida el verdadero compromiso de las y los legisladores con los principios de igualdad y no discriminación que manda la Constitución.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
