CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La investigación sobre el presunto desfalco de 800 millones de pesos al fondo de pensiones del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) está avanzada y pronto podrá judicializarse, aseguró el Fiscal Anticorrupción, Eduardo Govea Orozco.
“Tiene que ver con lo que estamos analizando y esclareciendo, la intervención y el grado de responsabilidad o no de muchos funcionarios, hablo de secretarios titulares de organismos, lo que tiene que ver con esto, es un asunto muy importante”.
En entrevista apuntó que se implementó un esquema de análisis en ese caso concreto, “estamos, incluso, realizando nuevos actos de investigación para determinar con precisión, cuáles fueron esos montos que dejaron de enterarse por la retenciones de las aportaciones de los trabajadores y cuáles periodos fueron cubiertos o no, con esa obligación del Estado.
Govea Orozco señaló que la denuncia inicial gira en torno a la posible responsabilidad del ex Secretario de Finanzas, Jorge García Ábrego, además de otros funcionarios, incluyendo al ex gobernador Egidio Torre Cantú.
“La denuncia inicial gira en torno a ese señalamiento contra de este ex servidor público, pero como usted recordarán, son varios los periodos que dejaron de cubrirse durante varios años, en el proceso, naturalmente hay quienes llevaron a cabo su función y quienes no lo hicieron”.
Sin dar fecha, comentó que dado al avance de las investigaciones del caso, pronto podría solicitarse una audiencia para formular la imputación por el presunto desfalco al fondo de pensiones de los trabajadores del Estado, “estamos muy avanzados en ese tema, sumamente avanzados, yo creo que próximamente ustedes se van a dar cuenta”.
Govea Orozco apuntó que recientemente se han podido judicializar algunas nuevas carpetas, de asuntos de mayor trascendencia, entre los que hay ex titulares de Secretarías, mientras se avanza en la integración de carpetas relacionadas con Bienestar Social y Obras Públicas.
El Fiscal Anticorrupción recordó que a la fecha alrededor de 20 casos han sido judicializados, en los que alrededor de 15 ex funcionarios han sido vinculados a proceso por diversos señalamientos, mientras que otros 15 tienen órdenes de aprehensión vigentes que podrían cumplimentarse pronto.
El monto del presuntos desfalco al erario, explicó, podría alcanzar hasta los 500 millones de pesos, aunque podría aumentar, conforme avancen las investigaciones de los casos.
Sobre la estadística que tiene la Fiscalía Anticorrupción apuntó que son alrededor de 800 carpetas de investigación que se trabajan, algunas en fase de integración de la información y otras nuevas, relacionadas a diversos servidores públicos, como Guardia Nacional, Tránsito, entre otros que son acusados de abuso de autoridad y otros delitos.
Pero también dijo que se tienen entre 10 a 15 carpetas de investigación relacionadas con funcionarios en funciones, entre ellos alcaldes y otros titulares de departamentos en municipios como Victoria y Reynosa por delitos como uso indebido de recursos públicos.
El titular de la Fiscalía Anticorrupción señaló que al fortalecer la dependencia con una coordinación general de investigación y otra de litigación, se ha podido avanzar en los procesos para lograr llevar ante un juez los asuntos y poder judicializarlos.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
