CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La administración estatal pasada pagó más de 31.9 millones de pesos al despacho Accuracy Legal and Consulting, S.C. entre noviembre de 2019 y mayo de 2021.
De acuerdo con registros oficiales, en ese lapso el Gobierno del Estado —entonces encabezado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca— autorizó una gran cantidad de pagos recurrentes de 600 mil pesos por concepto de servicios jurídicos, litigios de amparo, controversias constitucionales y consultorías dirigidas a entidades fiduciarias.
En específico por controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y litigios diversos contra la propia entidad.
Como representante legal de la empresa aparecía Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, socio de Roberto Gil Zuarth y Javier Coello Trejo.
En al menos 17 expedientes distintos, se repiten montos idénticos asociados a juicios y controversias entre dependencias estatales y federales.
El patrón de facturación revela, además, un desembolso por 4.9 millones de pesos el 22 de noviembre de 2019, bajo el concepto “servicios de consultoría jurídica a entidades fiduciarias”, así como dos partidas de 750 mil pesos registradas en marzo de 2021.
Las fechas coinciden con un periodo de alta judicialización para la administración estatal, incluyendo amparos promovidos por funcionarios, controversias contra reformas federales y disputas fiscales. Varios de los folios aluden directamente a juicios de amparo gestionados ante juzgados federales del Estado de México y Ciudad de México.
La relación entre el Gobierno de Tamaulipas y Accuracy Legal and Consulting, S.C. no aparece acompañada de licitaciones públicas visibles y los contratos nunca fueron publicados en transparencia.
A pesar de eso, el despacho promovía en sus redes sociales los trabajos que realizaba para la administración pública de Tamaulipas.
En su cuenta de X -entonces Twitter- hacía públicos los litigios en los que representaba al gobierno del estado.
Accuracy Legal and Consulting, S.C estuvo registrado en el padrón de proveedores de Gobierno y en el Poder Judicial del Estado durante la administración panista.
También este despacho participó en la redacción de la controversia constitucional que promovió la llamada Alianza Federalista que entre otros gobernadores, era encabezada por Francisco García Cabeza de Vaca.
El despacho también aparece vinculado en controversias de carácter electoral y fiduciario, aunque los detalles específicos de los contratos no han sido transparentados.
La suma total de 31,921,999.99 pesos representa uno de los pagos más cuantiosos realizados por el Ejecutivo estatal a un solo proveedor de servicios legales durante ese periodo, según los documentos revisados.
Por Staff
Expreso – La Razón
