El presidente Porfirio Díaz concesionó a industriales privados la producción de electricidad por plazos de 99 años prorrogables, porque el gobierno, según argumentaba el Dictador, no podía desarrollar con la celeridad que exigía el sector energético del país a fines del siglo XIX e inicios del XX.
Medio siglo después, a mediados de la década de 1950 y principio de la de 1960, el fenómeno se invirtió. La acelerada expansión industrial de México requería de una cantidad de energía eléctrica que las empresas que tenían en sus manos la concesión no estaban en condiciones de proporcionar. Incrementar la producción eléctrica de acuerdo a las necesidades del crecimiento requería de una inversión que los particulares solo podrían logar a través de un crédito exterior que gestionarían, siempre y cuando se les autorizaran tarifas más altas que, además de que resultaban onerosas para las clases populares, eran inconvenientes para la nación.
Bajo esas circunstancias, el Gobierno del presidente Adolfo López Mateos puso en marcha un programa para adquirir la Compañía de Luz y Fuerza, la principal concesionaria de la energía eléctrica de la época, que se realizó en absoluto secreto por el secretario de Hacienda y artífice del proyecto, Antonio Ortiz Mena, para evitar el disparo de las acciones.
Cuando la operación fue dada a conocer a la opinión pública, ya había concluido.
El 27 de septiembre de 1960 el presidente López Mateos informó desde el balcón central de palacio nacional ante miles de ciudadanos que se congregaron en el Zócalo para escuchar la noticia, que la nación mexicana era dueña otra vez de la electricidad. “México ha dado un paso firme en su independencia económica y es un país más libre y soberano”, expresó el Mandatario en medio de la algarabía popular.
En sesenta años la política eléctrica mexicana había dado un giro de 180 grados, sin embargo, 63 años después el viento volvería a soplar en sentido contrario.
Como en los días del régimen porfiriano, el presidente Ernesto Zedillo informó a los mexicanos que como el Gobierno no tenía capacidad para responder a las necesidades de crecimiento y producción energética que exigía el desarrollo nacional se requería como medida impostergable para resolver el problema abrir de nueva cuenta el sector a la inversión privada principalmente extranjera.
Como parte de ese mismo plan de entrega de la riqueza nacional a particulares extranjeros, el gobierno de Felipe Calderón extinguió la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el pretexto, que la empresa, además ineficiente, no era rentable, sin importarle que la disposición dejarían desamparadas a más de 44 mil trabajadores y a sus familias.
No obstante la oposición de amplios segmentos de la sociedad a que se continuara con la privatización de la producción energética, el presidente Enrique Peña Nieto, quien en el afán de legitimar su cuestionado triunfo electoral de 2012 que consiguió mediante una descarada y abierta compra del sufragio, que todos vieron menos el INE,
le daría una nueva vuelta a la política de los energéticos.
A través del llamado Pacto por México, los Senadores del PRI, con el respaldo de los del PAN y el Verde Ecologista, aprobaron el 11 de octubre de 2013 la modificación del artículo 27 constitucional por 95 votos a favor y 28 en contra del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, así como de los panistas Javier Corral Jurado y
Ernesto Ruffo Appel.
Un día después, los integrantes de la Cámara de Diputados ratificaron la decisión, como exigían las directrices económicas giradas desde Washington.
Para granjearse el respaldo social los priistas y sus aliados utilizaron los señuelos de que, como resultado de la privatización, bajarían las tarifas del gas y la electricidad, que no ocurrió, se crearía medio millón de nuevos empleos en el sexenio, que tampoco sucedió, y dos millones y medios más en el 2025 que resultaron una ilusión.
El presidente López Obrador trató de frenar la privatización con la reforma eléctrica, pero la Suprema Corte, igual que el PRI y el PAN, al servicio del Gobierno de los Estados Unidos impidieron que se aplicara, aunque mediante un cambio a leyes secundarias, como la ley de la industria eléctrica, AMLO creó un nuevo marco legal que da prioridad a la CFE en la producción de electricidad y establece nuevas condiciones a la inversión privada.
POR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ
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