TAMAULIPAS, MÉXICO.- Durante el periodo 2016–2022, correspondiente a la administración estatal de Francisco García Cabeza de Vaca, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó un total de 24 mil 591.9 millones de pesos en auditorías aplicadas a fondos federales ejercidos por el Gobierno de Tamaulipas.
De ese total, solo 13 mil 795.3 millones fueron justificados durante el proceso de fiscalización, mientras que 9 mil 098.4 millones de pesos dieron lugar a nuevas acciones, al no contar con documentación suficiente que respaldara su ejercicio, de acuerdo con datos del Sistema de Consultas de Auditoría de la ASF.
La revisión de estos siete ejercicios fiscales abarcó un total de 102 auditorías que generaron 420 acciones derivadas de las observaciones realizadas por la ASF. Las acciones incluyen solicitudes de aclaración, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, recomendaciones y denuncias ante instancias competentes.
En 2016 se detectaron 3 mil 563.3 millones de pesos observados; de estos, 937.3 millones fueron solventados y 2 mil 612.2 millones generaron nuevas acciones. En 2017 se observaron mil 936.3 millones, de los cuales solo se justificaron 87.8 millones; 1,821.8 millones derivaron en acciones adicionales. Para 2018, el monto observado ascendió a 13 mil 716.6 millones; 12 mil 197.9 millones fueron solventados y mil 368.5 millones quedaron pendientes. En 2019 se reportaron 3 mil 093 millones observados; únicamente se aclararon 41.9 millones, y 1,547.4 millones dieron lugar a acciones. En 2020 se observaron mil 363.7 millones; se justificaron 105.8 millones y mil 257.7 millones generaron nuevas medidas. Durante 2021, de 817.2 millones observados, se solventaron 419.9 millones, mientras que 394 millones quedaron sin aclaración suficiente. En 2022 la ASF detectó 101.9 millones observados, de los cuales solo se justificaron 5.1 millones; 96.8 millones dieron pie a nuevas acciones.
Con estas cifras, el porcentaje acumulado de recursos observados que no fueron solventados durante esta administración asciende al 36.9% del total observado en el periodo.
Para el ejercicio 2023 —ya bajo la administración de Américo Villarreal Anaya—, la ASF reportó solo14.9 millones de pesos observados, mientras que en la auditoría más reciente, la de la cuenta 2024, no se presentaron observaciones.
En ese ejercicio fiscal, la ASF determinó que el Gobierno federal, las entidades y municipios deben aclarar el destino de 662.3 millones de pesos.
Al realizar la primera entrega de informes individuales de la revisión al ejercicio del gasto en ese año, el titular del organismo, David Colmenares, informó que ese monto es resultado de 152 auditorías practicadas hasta el momento.
«En materia de observaciones cuantificadas, en esta primera entrega de informes se determinó un monto por aclarar de más de 660 millones de pesos, de los cuales más de 413 (millones) fue a entes del Sistema Subnacional de Gobierno, y poco más de 248 fueron determinados a entes del orden federal», indicó.
El mayor monto observado, resaltó, corresponde a estados y municipios, con el 60 por ciento, mientras que a las dependencias del Gobierno federal corresponde 30 por ciento y el 10 por ciento restante a diversas empresas productivas y subsidiarias y a algunas secretarías de Estado.
«Al respecto, destaca el hecho de que, para esta primera entrega, diversas entidades federativas no tuvieron monto por aclarar, esto es muy importante, como Puebla, Querétaro San Luis Potosí, Michoacán de Ocampo, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas e Hidalgo», apuntó Colmenares.
Destacó que, desde su llegada a la ASF en marzo de 2018, cambió el enfoque del órgano fiscalizador y, en lugar de estar determinando montos multimillonarios como ocurría el pasado, ahora da asesoramiento los entes auditados para evitar que resulten con observaciones.
«Hay personas, e incluso medios de comunicación, que exigen por intereses de otra naturaleza que estas observaciones de miles de millones de pesos del Gobierno federal y a las entidades federativas continúen apareciendo en cada informe que presentamos, como si esas observaciones que terminaban siendo huecas fuera una forma de medir la eficacia de nuestra institución», señaló.
«Nuestro compromiso es claro, al acompañar al gobierno federal, a las entidades federativas, a sus órganos autónomos y a las alcaldías y municipios en la correcta aplicación de los recursos públicos, promoviendo siempre la prevención, la capacitación y el trabajo conjunto y a su vez actuar con absoluto rigor ante la malversación o desvío de recursos públicos».
Colmenares entregó los informes a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, integrada por diputados de todas las fracciones parlamentarias de San Lázaro.
El procedimiento fiscalizador de la ASF contempla, en primer lugar, la emisión de recomendaciones, las cuales tienen un carácter preventivo y buscan mejorar la gestión gubernamental sin necesidad de sanción. En los casos donde se presume un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, se elabora un pliego de observaciones, que detalla el monto afectado y las irregularidades encontradas.
Cuando se identifican omisiones fiscales, la ASF emite una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, notificando a las autoridades tributarias para que realicen las acciones correspondientes. Adicionalmente, puede imponer directamente multas a funcionarios públicos que incurran en omisiones o retrasos al proporcionar la información requerida durante una auditoría.
Si se detectan indicios de actos irregulares, la ASF puede actuar de tres maneras: a través de promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria dirigidas a los órganos internos de control, mediante el fincamiento de responsabilidad resarcitoria —que obliga al funcionario responsable a resarcir el daño con su propio patrimonio— o bien mediante la presentación de denuncias de hechos ante el Ministerio Público, cuando se presume la comisión de delitos.
Todo este proceso se documenta y da seguimiento a través del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías, una plataforma informática que permite validar, controlar y cerrar los procedimientos derivados de las auditorías.
Por. Staff
Expreso-La Razón
