TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) colocó sellos y cordones de aseguramiento en algunas viviendas asentadas sobre el lecho del río San Marcos, en la colonia Ampliación Tamatán, con la advertencia de que, si en un plazo de cinco días no son retiradas, una máquina ingresará al lugar para demoler lo que se encuentre en esa zona.
La razón, de acuerdo con la dependencia federal, es que se trata de una invasión a predios ubicados en zona de jurisdicción federal.
Y aunque algunas familias dicen contar con documentos como cartas poder, la mayoría de los domicilios no cuenta con escrituras, lo que los coloca en una situación legal vulnerable.
De acuerdo con el testimonio del profesor Ángel Antonio Adriano Nava, habitante del sector, el operativo se llevó a cabo el pasado miércoles sin previo aviso y tomó por sorpresa a los pobladores.
Los funcionarios federales marcaron viviendas y señalaron los límites de lo que sería demolido.
“Pensamos que eran solo cinco o seis familias, pero al investigar vimos que el impacto alcanza a unas 90 casas”.
“Las personas están preocupadas porque fueron notificados que en cinco días entrará una máquina a tirar todo”, explicó.
La zona se encuentra debajo del puente de la salida a Jaumave, sobre el Camino Viejo a la Peñita, donde, según los colonos, hay presencia habitacional desde hace más de 60 años, sin que en ese tiempo se haya presentado una acción similar por parte de la autoridad.
Adriano Nava considera que podría haber algún proyecto o interés específico detrás de la intervención, aunque hasta ahora no se ha informado públicamente si existe alguna obra planeada en el lugar.
“Después de tanto tiempo, es raro que vengan de pronto y coloquen sellos de aseguramiento. Creemos que puede haber algo más detrás de esta medida”, señaló.
Por ahora, los vecinos están organizando la recolección de firmas para entregarlas el próximo lunes a la representación local de Conagua, con el objetivo de solicitar una revisión del caso.
Hasta el momento no han recibido asesoría legal formal, pero evalúan contratar un abogado para representar a las familias involucradas.
Desde la Conagua, personal de la subdirección habría indicado a los afectados que, al tratarse de una zona federal invadida, corresponde a cada quien defender sus intereses por la vía jurídica.
Mientras tanto, la incertidumbre prevalece entre quienes residen en este asentamiento irregular, muchos de los cuales han construido sus hogares durante décadas en el margen del río, en un sector que, históricamente, había permanecido sin intervenciones de este tipo.
Por. Antonio H. Mandujano
Expreso-La Razón
