Los resultados positivos en la reducción de la violencia en 13 municipios capitales de estado invitan a pensar que la pacificación desde lo local es posible.
En los últimos años, México ha experimentado un proceso de recentralización de la seguridad pública en el ámbito federal, con una apuesta decidida por el despliegue militar. La creación de la Guardia Nacional y la transferencia creciente de tareas policiales a las Fuerzas Armadas consolidaron una estrategia nacionalista y punitiva que ha debilitado, por contraste, las capacidades locales. En este escenario, los municipios no solo han sido marginados de la atención institucional, sino también del debate público, considerados como actores periféricos con capacidades mínimas.
No obstante, un estudio reciente de México Evalúa titulado “La Otra vía. Análisis de políticas municipales de seguridad pública”[1] revela que, de 2021 a 2024, se redujo el índice de violencia delictiva de alto impacto social en 13 ciudades capitales de estado. Lo que a primera vista podría parecer excepcionalidad, revela tres patrones comunes en el marco de la implementación de políticas municipales preventivas. Sus resultados positivos invitan a pensar que la pacificación desde lo local es posible. Primero, la existencia de condiciones para la coordinación política; segundo, amplias capacidades institucionales; y tercero, un arraigo comunitario considerable.
En este texto se exponen de forma breve tres argumentos a favor de recuperar la agenda municipalista en materia de seguridad, incluso en un contexto de creciente militarización y expansión territorial del crimen organizado.
Argumento 1. La militarización tiene consecuencias nocivas
El enfoque de seguridad basado en el despliegue militar ha generado múltiples efectos adversos para la construcción de entornos seguros. Entre los más relevantes destacan: el incremento de la violencia en zonas intervenidas, la imposición de una visión centralista que ignora las particularidades territoriales, y el debilitamiento de las capacidades institucionales locales.
En primer lugar, estudios recientes muestran que los homicidios dolosos tienden a aumentar en los territorios con mayor presencia de la Guardia Nacional (Vargas, 2023; México Evalúa, 2024a, 2024b). En otras palabras, la militarización intensifica la violencia. Esta estrategia prioriza el uso de la fuerza bajo una lógica predominantemente punitiva, sin atender las dimensiones estructurales del fenómeno criminal. La contención efectiva de las organizaciones delictivas exige no sólo confrontación directa, también requiere inteligencia territorial, ruptura de redes político-criminales y abordajes integrales para desactivar sus anclajes sociales.
Por otro lado, la recentralización de la seguridad pública ha venido acompañada de una homogeneización del diagnóstico nacional, centrado en tasas agregadas y sin sensibilidad territorial (Jasso y Vargas, 2025; Canjura, 2025). Esta visión ha favorecido una lógica propagandística orientada a mantener el control político de las cifras, más que a resolver los problemas que producen la violencia (Causa en Común, 2025). Al desconocer los factores locales —entre ellos, conflictos comunitarios, disputas vecinales, expansión criminal o ausencia de servicios públicos—, la estrategia federal reproduce violencias persistentes sin atacar sus causas estructurales ni sus manifestaciones específicas.
Por último, el fortalecimiento de la presencia militar en tareas civiles ha provocado un proceso de desinstitucionalización local (Bonilla y otros, 2025). La eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) debilitó la infraestructura operativa de los municipios, lo que afectó su capacidad para diseñar e implementar estrategias de prevención adaptadas a su realidad. Sin policías municipales fortalecidas ni políticas preventivas sostenidas, el territorio queda expuesto a un vacío que difícilmente puede ser llenado con operativos militares itinerantes.
La militarización se ha consolidado como política de Estado en México[2], pero sus efectos adversos deben ser visibilizados y discutidos con seriedad. Lejos de perfeccionar una estrategia que ha demostrado límites estructurales, se requiere avanzar hacia esquemas de seguridad que fortalezcan las capacidades civiles y se anclen en el territorio. En este escenario, la cercanía de los gobiernos municipales a las dinámicas locales los convierte en actores estratégicos: por su conocimiento directo de los contextos de riesgo, su capacidad de intervención temprana y su potencial para construir legitimidad institucional desde abajo (Acero, 2005; Carrión, 2005).
Argumento 2. El crimen requiere un abordaje fundamentalmente local
En México, la violencia delictiva no se comporta de manera homogénea a través del espacio y el tiempo (Vargas, 2021; Díaz, 2021). Incluso, dentro de contextos urbanos, existen diferencias marcadas entre municipios. Entre 2021 y 2024, 18 ciudades capitales superaron el promedio nacional en la tasa anual de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, considerando homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transportista.
Figura 1. Tasa delictiva de alto impacto por cada 100 mil habitantes en las ciudades capitales, 2021-2024 (promedio).
Independientemente de su situación en el ranking global de incidencia delictiva de alto impacto, lo cierto es que, en ese mismo periodo, 13 capitales lograron reducir su tasa de violencia. Los datos recabados en esos municipios muestran que no existen patrones regionales homogéneos, lo que respalda que el comportamiento del crimen responde a factores locales más que a dinámicas nacionales.
Figura 2. Cambio porcentual de la delictiva de alto impacto por cada 100 mil habitantes en las ciudades capitales, 2021-2024
A propósito, en la literatura especializada existe consenso en que esta heterogeneidad no es casual, sino producto de la interacción entre motivaciones delictivas y oportunidades criminales, definidas por condiciones territoriales específicas (Carrión, 2005; Acero, 2002; Jasso y Vargas, 2025). Factores como las dinámicas políticas, la estructura económica local o los tejidos sociales y culturales de cada comunidad inciden directamente en la configuración de escenarios de violencia (Díaz, 2021, 2023; Díaz y otros, 2025).
Esta constatación tiene importantes implicaciones en términos de política pública. Para construir seguridad, los gobiernos deben reconocer la especificidad territorial, adaptarse a las condiciones locales y diseñar estrategias desde diagnósticos diferenciados. Esto sólo puede hacerse desde lo municipal. Por su cercanía con el territorio, este nivel de gobierno es el mejor posicionado para detectar a tiempo cambios en las formas de operación criminal y, en consecuencia, diseñar políticas sensibles a estas realidades.
Argumento 3. Los municipios pueden incidir como ningún otro nivel de gobierno
A pesar de sus limitadas atribuciones formales[3], los municipios —al menos los capitales— han desarrollado un conjunto amplio y creciente de políticas de seguridad. En “La Otra vía”, México Evalúa analizó 2,238 acciones de prevención impulsadas por gobiernos municipales en ciudades capitales de 2021 a 2024. De ellas, casi la mitad (45.7%) estuvieron orientadas a enfoques integrales: prevención comunitaria, situacional, social y de proximidad (México Evalúa, 2024).[4] Este dato es revelador: muestra que, más allá de las estrategias punitivas, desde lo municipal pueden surgir intervenciones ancladas en la vida cotidiana, en el espacio público y en la comunidad. Casos como los de Tuxtla Gutiérrez, Saltillo y Morelia demuestran cómo es posible fortalecer redes vecinales, recuperar entornos urbanos, ofrecer atención psicosocial y consolidar esquemas de policía de proximidad con resultados positivos.
Estos ejemplos confirman que los gobiernos municipales pueden desarrollar agencias. Su papel no se limita a la prestación de servicios urbanos o patrullajes básicos: implica construir confianza, prevenir riesgos y actuar de forma inmediata ante escenarios de crisis. Una de las paradojas más significativas del periodo reciente es que, en varios municipios, se registraron reducciones de violencia delictiva sin que estos gobiernos tengan atribuciones directas sobre delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión o el narcomenudeo. Esta influencia se explica desde una lógica de ecosistemas: la seguridad no se reduce al uso de la fuerza, sino que se construye a través de la cohesión social, la movilidad urbana, la gestión del entorno y el fortalecimiento del tejido comunitario.
Propuestas a modo de cierre
Estos argumentos apuntan a un replanteamiento institucional: si los municipios pueden incidir en la seguridad pública sin control formal sobre la justicia ni mando sobre las fuerzas federales, es indispensable fortalecerlos, no sustituirlos. En este marco, se proponen tres líneas de acción fundamentales.
Primero, robustecer las capacidades institucionales locales mediante financiamiento sostenido, esquemas de profesionalización policial y mecanismos eficaces de coordinación intergubernamental.
Segundo, diseñar estrategias endógenas adaptadas al contexto, que integren prevención social, proximidad comunitaria y análisis de riesgos locales.
Tercero, construir sistemas permanentes de monitoreo y evaluación del desempeño municipal en seguridad, que fomenten el aprendizaje institucional y la rendición de cuentas (México Evalúa, 2024).
Estas acciones no compiten con la estrategia nacional; por el contrario, pueden complementar y orientarla, ubicando al municipio como un actor estratégico, no como un simple espectador.
