En Tamaulipas hay un tema parado, olvidado y encarpetado: los derechos de las mujeres trans. Mujeres que también trabajan, sueñan y resisten; sin embargo, sus derechos y necesidades siguen siendo invisibles y cuando alguna de ellas desaparece o es asesinada, el silencio vale más que el dolor de la ausencia. No hay protestas, no hay datos, no hay portadas.
La violencia contra las mujeres trans no es un hecho aislado ni un dolor individual. Es una expresión brutal de una cultura que odia a quienes rompen con los patrones “socialmente” establecidos, y se profundiza si lo hacen desde lo femenino, también es misoginia, pero amplificada: castiga con más saña a quienes se atreven a ser mujeres sin haber nacido como tal, fuera del molde socialmente impuesto y validado.
Y aunque es un tema que en Tamaulipas se vive todos los días y hay que tener presente que el 30 de octubre de 2024, la diputada Lucero Deosday presentó la iniciativa para “adicionar al tipo penal de feminicidio una circunstancia más, en la que se contemple a las mujeres trans o personas cuya expresión de género se encuentre dentro del espectro de género femenino”. Su propuesta fue aprobada en febrero de 2025 pero curioso es que aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación, por lo tanto, no se encuentra vigente, tal vez porque se trata de un tema incómodo.
En México, las mujeres trans viven a la sombra del sistema, a pesar de que esta lucha lleva muchísimos años, aquí en el estado no existen fuentes ni cifras estatales que documenten los trans feminicidios ni hay protocolos legales diferenciados para tratar y llevar a cabo las investigaciones que reconozcan su identidad de género. El proceso los archiva como un “hombre asesinado”, la mayoría de las veces por desconocimiento de las causas, sin tomar en cuenta el contexto social ni el móvil de la muerte.
En el estado se presumen 45 asesinatos de personas de la comunidad LGBTTTI en los últimos cinco años, el último registrado en el sur fue en 2024: Angelo “Angy”, una mujer trans asesinada en su hogar en Tampico. Sin embargo, no se cuenta con registros oficiales ni con protocolos diferenciados para reconocer los crímenes por identidad de género.
En el contexto conservador de Tamaulipas, existe una doble discriminación para este grupo, basada en el machismo y en la identidad de género. Los sistemas institucionales, de justicia, públicos y de salud siguen ignorando con apatía y rigidez a la comunidad trans y son los colectivos activistas o los familiares de las víctimas quienes se encargan de esclarecer los asesinatos, la mayoría de las veces.
Colectivos como Mujer Manglar o Lucha y Fuerza Trans documentan los casos, acompañan a las familias y difunden públicamente el gran vacío oficial del estado. Según los colectivos feministas en Tamaulipas, los casos de feminicidio siguen sin sentencia actualmente, “sin activismo no habría memoria, ni denuncia, ni exigencia”, dicen.
Las iniciativas de ley se aprueban, pero no se publican. Las cifras son un misterio: sin detalle, sin nombre. Las muertes se registran, pero no se investigan. En Tamaulipas sigue pendiente abrir el camino a leyes para la comunidad LGBTTTI+. Es preocupante cómo la vida de una mujer trans no solo está en peligro diariamente, sino que no tiene respaldo jurídico porque instituciones no actúan y no hay leyes adecuadas.
Cerrar los ojos ante la realidad no resuelve el problema; al contrario, lo agrava y las nuevas generaciones, ciegas ante los problemas reales y actuales, crecen bajo un esquema ignorante. Es impermisible, para nosotrxs como papás, hermanxs, hijxs, ciudadanxs y espectadores, creer que callar, ignorar y omitir equivale a no existir.
