La reforma electoral que apenas está en construcción ya desató un debate polarizante.
Por un lado, quienes ven la inequívoca amenaza de eliminar los contrapesos democráticos, y por el otro, quienes aseguran que se busca reducir el costo de las elecciones, y hacer más efectiva la participación ciudadana.
Asistimos a un tercer intento en los últimos tres años, de renovar por completo el sistema electoral mexicano.
En el 2023, cuando no tenía la mayoría calificada en el Congreso, Andrés Manuel López Obrador envió una reforma electoral que fue rápidamente rechazada por la oposición, y fue vista más bien como una carta para el futuro.
Un año después, ya tras el triunfo en las urnas de Claudia Sheinbaum y las dos terceras partes de San Lázaro y el Senado en el bolsillo, incluyó la iniciativa en la lista de 20 reformas constitucionales que propuso durante el mes que le tocó convivir con el nuevo Poder Legislativo.
Sin embargo, el Congreso no la incluyó entre sus prioridades y más adelante dio entrada a la propuesta de la presidenta, que eliminó la reelección y el nepotismo electoral.
Lo que ahora está en ciernes, es un cambio mucho más radical.
Si se atendiera la visión obradorista del entramado electoral, plasmada en las reformas que propuso AMLO, estaríamos ante una renovación total.
El proyecto proponía la desaparición del Instituto Nacional Electoral para dar paso al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el cual concentraría todas las funciones administrativas en materia electoral, sustituyendo a los órganos públicos locales como el Instituto Electoral de Tamaulipas.
Bajo este esquema, el INEC organizaría todas las elecciones.
La propuesta también alcanzaba al ámbito jurisdiccional. El Tribunal Electoral de Tamaulipas y sus equivalentes en los estados desaparecerían.
En su lugar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación absorbería la totalidad de las controversias derivadas de procesos electorales locales, bajo el argumento de que la mayor parte de los fallos de tribunales estatales son revocados o modificados por instancias federales.
Una de las innovaciones más relevantes de la iniciativa era el mecanismo de designación de autoridades electorales.
Los consejeros del INEC y los magistrados del TEPJF serían electos mediante voto ciudadano, en una elección organizada cada seis años el primer domingo de junio.
En el terreno legislativo, la reforma planteaba una reducción sustancial en el número de representantes populares. En la Cámara de Diputados, se eliminarían las 200 diputaciones plurinominales, quedando un total de 300 legisladores electos por mayoría relativa. En el Senado, cada entidad federativa tendría dos representantes electos por votación directa, para un total de 64 escaños.
Los congresos locales también verían una reducción significativa. La fórmula propuesta establecía que las legislaturas no podrían exceder de 15 diputados en estados con menos de un millón de habitantes, y que se añadiría un legislador por cada 500,000 habitantes adicionales, hasta un máximo de 45. En el caso de Tamaulipas, el Congreso pasaría de 36 a 20 curules.
La iniciativa incluía cambios para los ayuntamientos. El artículo 115 constitucional se modificaría para fijar una estructura base de una presidencia municipal, una sindicatura y un número variable de regidurías según la población. En municipios con menos de 60,000 habitantes habría una sola regiduría; entre 60,000 y 370,000 habitantes, tres regidurías; entre 370,000 y 690,000 habitantes, cinco; y de 690,000 a un millón, siete. En Tamaulipas, 33 de los 43 municipios quedarían con una regiduría; Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Río Bravo, Tampico, Victoria y Valle Hermoso con tres; Matamoros y Nuevo Laredo con cinco; y Reynosa con siete.
Por. Miguel Domínguez Flores
