El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha dado a conocer recientemente los primeros resultados oficiales sobre pobreza multidimensional tras asumir esta función del extinto Coneval. La noticia de que 8.3 millones de personas dejaron de ser pobres entre 2022 y 2024 suena increíble y alentador.
Sin embargo, detrás de esta mejoría hay matices que vale la pena analizar, especialmente desde el ángulo de las finanzas familiares.
Primeramente, aunque la pobreza multidimensional descendió de 46.8 a 38.5 millones de personas, el número de personas con al menos una carencia social aumentó, es decir pasó de 37.9 a 41.9 millones, lo que significa que muchos hogares dejaron de ser “pobres” en términos oficiales, pero siguen teniendo rezagos importantes en alguna esfera relacionada con la salud, educación, vivienda, seguridad social o alimentación.
Por ejemplo, si hablamos de seguridad social, 48.2 por ciento de los mexicanos carece de ella; 34.2 por ciento no tiene acceso a servicios de salud. Mientras que, 14.4 por ciento tiene dificultades para acceder a una alimentación nutritiva, situación que es realmente preocupante, ya que 12.1 millones de personas no alcanzan, ni siquiera, para costear una canasta básica alimentaria.
Estos datos plantean una enorme interrogante —incómoda, pero necesaria—¿salir de la pobreza significa vivir mejor o solo cruzar una línea estadística?
De acuerdo con el Inegi, los programas sociales ayudaron, pero no fueron el factor decisivo. De hecho, aun sin ellos, las cifras de pobreza serían más bajas que en 2022. La verdadera palanca de cambio ha sido el aumento del salario mínimo y las mejores condiciones laborales.
Esto resalta la importancia de políticas que fortalezcan el empleo formal y bien remunerado, con acceso a derechos laborales, ya que tener un trabajo ya no basta, lo que es importante es el tipo de trabajo y los beneficios que este ofrece.
Desde la trinchera de las finanzas familiares, salir de la pobreza no significa que los hogares dejen de estar en situación vulnerable, puesto que un gasto imprevisto en salud, la pérdida de empleo o el aumento de precios puede afectar gravemente y volver precario al hogar.
Por eso, hablar de finanzas familiares implica mucho más que el ingreso, requiere de ahorro, protección, acceso a servicios públicos funcionales y oportunidades reales de movilidad social.
Estos hallazgos nos obligan a mirar más allá de los datos y preguntarnos si han existido cambios reales en la vida cotidiana de las familias; porque, aunque millones hayan salido de la pobreza (en términos técnicos), muchas siguen sin acceso a servicios públicos, seguridad y enfrentan condiciones frágiles ante cualquier imprevisto económico.
En otras palabras, es posible no ser considerado “pobre” en las estadísticas y aun así vivir en una situación de vulnerabilidad permanente. El reto ahora no solo es reducir los números, sino construir un entorno económico donde las familias puedan consolidar su bienestar con base en empleos estables, ingresos suficientes y una red de protección social afectiva.
Por. Angélica González
