En 2018, Mario Gómez Monroy, ex titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, firmó un convenio con la aseguradora MetLife para el pago de primas de seguros voluntarios con cargo a nómina.
Carecía de facultades legales para hacerlo y siete años después le llega la hora de pagar por sus excesos, aunque sus peores acciones quedan en suspenso y sin castigo hasta ahora.
Los recursos derivados del convenio fueron depositados en una cuenta de la Secretaría de Educación en Banco Santander, en lugar de enviarse a la Secretaría de Finanzas, instancia responsable de administrar el presupuesto, según las indagatorias.
Se detectó entonces un desvío de más de 8.2 millones de pesos, parte de esos fondos se dispersaron sin registro presupuestal y una fracción terminó en beneficio directo del exfuncionario.
En septiembre de 2023 fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público. El juez estableció medidas cautelares que incluyeron la firma periódica y la retención de pasaporte.
En agosto de 2025, un tribunal unitario dictó fallo condenatorio con una resolución que declaró penalmente responsable a Gómez Monroy y abrió paso a la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.
La pena podría alcanzar hasta 20 años de prisión, dependiendo de la acumulación de ilícitos acreditados. La audiencia para determinar la sentencia final quedó fijada para el 26 de agosto de 2025.
El caso subraya la importancia del control en el manejo de recursos públicos y la necesidad de que los convenios financieros de las dependencias sigan el cauce legal previsto en la normatividad estatal.
Más allá de las sanciones individuales, este episodio se convirtió en un referente sobre cómo las decisiones administrativas fuera de norma pueden derivar en responsabilidades penales años después.
Ahora esperemos que la decisión judicial se cumpla
