CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Este día se cumplen 15 años de la primer masacre que puso a San Fernando en el ojo público de México y el mundo, estigmatizando a esta región de Tamaulipas, como la más peligrosa en el mundo para los migrantes.
El domingo 22 de agosto del 2010, criminales masacraron a 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres en una galera del ejido El Huizachal en San Fernando, todas las víctimas fueron asesinadas por la espalda, cuando se encontraban maniatadas.
De acuerdo con el relato de uno de los sobrevivientes, Luis Freddy Lala Pomavilla, de 18 años en ese tiempo, quien recibió un disparo en la cara, y se hizo pasar por muerto parra lograr sobrevivir, los delincuentes los querían obligar a trabajar con ellos y al oponerse, los asesinaron.
El joven ecuatoriano, caminó en la oscuridad de la noche junto a otro joven hondureño, sin embargo en un punto se separaron, tal vez porque pensó que Lala Pomavilla no sobreviviría por las heridas.
Luis Freddy encontró a dos hombres a quienes les pidió ayuda pero se la negaron por lo que continuó caminando hasta llegar a un retén de la Marina donde informó lo ocurrido.
De acuerdo con el relato del joven, el grupo fue capturado por un grupo criminal la noche del 21 de agosto y fueron recluidos en el lugar donde después serían ejecutados, amarrados de cuatro en cuatro con las manos atrás, donde los tuvieron toda la noche, posteriormente relató que los tiraron boca a bajo y comenzaron a disparar.
Sobre el otro sobreviviente, logró llegar a Estados Unidos donde alertó a las autoridades sobre lo ocurrido, lo que corroborado con las declaraciones de Luis Freddy Lala Pomavilla, quien también señaló que una mujer embarazada y su hija, habrían sobrevivido a la masacre, de ellas, no se sabe nada.
Esta no es la única masacre que ha ocurrido en Tamaulipas, pero esta fue la que puso en evidencia la descarnizada guerra que grupos delictivos sostenían en la entidad por el control del tráfico de drogas.
Los claroscuros del caso fueron muchos, en el aniversario número doce de la Masacre de San Fernando, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) decidió hacer público el expediente.
Allí, la CNDH criticó a la Dirección de Servicios Periciales, por su manejo deficiente en la preservación de los cadáveres, la protección de la escena del crimen y la recolección de pruebas.
Pasaron años para que la CNDH emitiera la recomendación 80, que destacó las fallas en las investigaciones tanto federales como estatales.
La resolución de la CNDH, fue el resultado de una sentencia de amparo dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de las víctimas, representadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
En su recomendación 80/2013, la Comisión criticó a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, dirigida por Jaime Rodríguez Inurrigarro, por no cumplir con la investigación, la protección de la escena del crimen y la recolección de pruebas.
La CNDH documentó que la omisión de las autoridades ministeriales para proteger los cuerpos de las condiciones climáticas impidió la preservación de los cadáveres, las huellas y las evidencias.
A pesar de que la Comisión solicitó medidas cautelares para preservar los indicios, el personal pericial no resguardó adecuadamente las 51 evidencias de balística, dejándolas en un lugar abierto sin protección.
Las autoridades presentaron un informe con afirmaciones generales sobre las posibles causas de los hechos, omitiendo explorar indicios significativos que permitieran determinar lo que realmente sucedió los días 21 y 22 de agosto de 2010.
Otros hechos marcaron el suceso, el jueves 26 de agosto del 2010, fueron localizados dos cadáveres en la carretera San Fernando-Méndez, uno de ellos era Roberto Javier Suárez Vázquez, agente del Ministerio Público, quien se hizo cargo inicialmente de las investigaciones de la masacre de los 72 migrantes, el otro era Juan Carlos Suárez, Secretario de Seguridad de San Fernando.
Los cadáveres de los 72 migrantes fueron descubiertos por los efectivos de la Marina el 24 de agosto en el galerón del ejido El Huizachal, justo donde Luis Freddy Lala les había dicho.
Ese mismo día el agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, Roberto Javier Suárez Vázquez, inició la averiguación previa del fuero común.
El miércoles 26, apenas un día después, el funcionario de la Fiscalía estatal “fue levantado”, aunque su desaparición trascendió el jueves, cuando versiones señalaban que había sido ejecutado y decapitado, lo que fue corroborado con la identificación del cuerpo del funcionario abandonado a la orilla de la carretera San Fernando-Méndez.
Muchos años después, las sentencias
Sobre este caso, el 4 de mayo del 2022, un juez sentenció a 18 delincuentes acusados de la masacre, con penas de entre 14 y 58 años de prisión, entre ellos a Juan Pablo “C”, le fue dictada una pena de 58 años seis meses de prisión y 13 mil 650 días multa por los delitos de delincuencia organizada; portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Jovana “S” fue sentenciada a 57 años y mil 775 días multa por delincuencia organizada, secuestro y posesión de cartuchos también de uso exclusivo.
Julio César “L”; Sergio “C”; José Mauricio “O”, Samuel “M”, Rolando “C”, Claudio “L”, Mauricio “R” y Santitos “R” fueron sentenciados a 43 años seis meses de prisión y 6 mil 995 días multa por delincuencia organizada, secuestro y portación de arma de fuego de las reservadas para uso exclusivo del Ejército.
Para Heber “A” la condena fue de 42 años seis meses de prisión y 7 mil 165 días multa por delincuencia organizada, contra la salud, en la modalidad de “narcomenudeo”; portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo.
Adela “Y” y Júpiter “A” recibieron condena de 34 años de prisión y 6 mil 975 días multa por delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo.
Erick Rubén “Z”, fue sentenciado a 28 años seis meses y 6 mil 675 días multa por los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo.
Jonny “T” pasará 15 años en prisión y seis mil 375 días multa por el delito de delincuencia organizada.
Asimismo, Javier “M” y Edgar René “M” fueron sentenciados a 14 años un mes y 15 días de prisión y 281 días multa por los ilícitos de contra la salud, en la modalidad de posesión del narcótico comúnmente denominado marihuana, con fines de comercio; portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Mientras que para Julieta Maricela “A”, la sentencia fue de 13 años de prisión y 280 días multa por delitos contra la salud en la modalidad de “narcomenudeo”, en la hipótesis de posesión con fines de comercio; portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo.
Apenas en enero de este 2025, otros tres integrantes de este grupo delictivo, fueron sentenciados a 82 años de prisión, acusados de los delitos de delincuencia organizada, secuestro con agravante y corrupción de personas menores de 18 años.
Un juez de un tribunal de enjuiciamiento unitario impuso una sentencia condenatoria a Martín Omar “E”, detenido en abril del 2011, de 73 años y tres meses de prisión y multa de 948 mil 90 pesos.
Román Ricardo “P”, detenido el 24 de agosto del 2013, en un domicilio de un fraccionamiento en Victoria, donde mantenía cautivas a ocho personas y por quien la FGR ofrecía una recompensa de 10 millones de pesos, la sentencia fue de 82 años y nueve meses de prisión y multa de un millón 42 mil 899 pesos.
Además de Juvenal “B”, a quien el juez decretó sentencia de 76 años y nueve meses de prisión y 676 mil 591 pesos 50 centavos de multa.
A pesar de permanecer en el ojo del huracán, la paz no llegó a San Fernando, y en abril del 2011, fueron descubiertos otros 193 cuerpos en fosas clandestinas, evidenciando el horror que vivían aquellos que osaban cruzar por estas tierras.
Aunque oficialmente solo se reconoció ese número de víctimas, los relatos de los habitantes hablan de otros cientos que corrieron la misma suerte a manos de los delincuentes, quienes paraban a los camiones y bajaban a los migrantes a quienes reclutaban o asesinaban para después enterrarlos de manera clandestina.
Algunos de los sentenciados por la masacre de los 72 en el ejido El Huizachal, también han recibido sentencias por los homicidios de otros migrantes.
Quince años después, la herida de San Fernando sigue abierta y la memoria de las 72 víctimas permanece como recordatorio del profundo costo humano que dejaron la impunidad y la violencia del crimen organizado.
Aunque varias sentencias han intentado hacer justicia, la masacre continúa siendo un símbolo de la vulnerabilidad de los migrantes en su paso por México y de la deuda del Estado mexicano para garantizar verdad, justicia y no repetición en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
