SAN FERNANDO, TAM.- Hace 15 años, en agosto de 2010, el hallazgo de 72 cuerpos en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, estremeció a México y al mundo.
Eran migrantes —en su mayoría de Centroamérica, pero también de Ecuador, Brasil e India— que buscaban llegar a Estados Unidos y fueron asesinados tras negarse a colaborar con el crimen organizado. A tres lustros de aquel hecho, académicos, periodistas e investigadores coinciden en que la masacre no solo exhibió la crueldad contra quienes transitan por México, sino que dejó al descubierto la colusión de autoridades, el control territorial del narcotráfico y la vulnerabilidad de miles de personas que todavía hoy cruzan el país en condiciones de riesgo.
La periodista Marcela Turatti, fundadora del proyecto ¿A dónde van los desaparecidos?, y autora del libro San Fernando: última parada, recordó que la masacre no fue un hecho aislado, sino el reflejo de un patrón que ya se denunciaba en casas y albergues de migrantes: “Se confirmaba lo que ya venían diciendo en casas de migrantes, que México era un cementerio para muchos migrantes mexicanos y en este caso muchos centroamericanos, aunque hubo también personas de la India, entiendo, de Ecuador incluso, de Brasil; era como el episodio más brutal que se había vivido en la región”.
Era también entender que las rutas migrantes ya se habían cruzado con las rutas del narcotráfico, que los migrantes eran mercancía para los grupos criminales”, explicó la periodista durante el conversatorio A 15 años de la masacre de San Fernando, organizado por el Colegio de la Frontera en México.
La periodista recuerda que el horror no terminó con ese hallazgo: meses después, en 2011, se localizaron fosas clandestinas en el mismo municipio de San Fernando, con cerca de 200 cuerpos. “Esas exhumaciones se detuvieron y nunca hubo claridad sobre cuántos cuerpos había en total. Eso nos dice mucho del tamaño de la impunidad y de lo que se quiso ocultar”, denunció.
Para Turatti, lo ocurrido en San Fernando fue el inicio de un modelo de control territorial que se expandió a todo el país: “Vemos este modelo de control territorial en ahí en lo que cuenta la gente de San Fernando es que en cada colonia tenían a gente una célula que decía, ‘Quieres entrar, ¿Quieres salir?’ Si ibas a un negocio te tenías que poner el uniforme para que sepan quién eres, a qué horas tenías que estar en la calle, si te enfermabas en la noche, tenías que pedirles permiso para salir de la colonia, para ir a una farmacia, en fin. Este modelo de ahí se expandió a muchos a muchos otros sitios. San Fernando nos marca esto y este modelo de control así tremendo, terrible de silenciar hasta en la misa, decían que no se podía pedir por los desaparecidos, pero sí silenciar a las madres buscadoras”.
UNA MASACRE ANUNCIADA
El investigador Camilo Pérez Bustillo, de la Universidad Saint Mary’s en California, sostiene que el crimen de San Fernando fue “la crónica de una masacre anunciada”.
“Al menos once meses antes hubo alertas muy concretas. Organizaciones y albergues habían denunciado secuestros de migrantes en Tamaulipas. Se sabía lo que podía pasar, y aun así las autoridades no hicieron nada”, enfatizó. Para él, aunque los ejecutores materiales fueron integrantes de un grupo criminal, la responsabilidad del Estado es innegable: “Lo que ocurrió es un crimen de Estado, porque es un crimen perfectamente prevenible y predecible. Hubo información que se soslayó, se ignoró y se encubrió”. Pérez Bustillo señaló que incluso documentos desclasificados confirman que tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos tenían conocimiento del contexto de violencia contra migrantes en la región.
“Aunque los ejecutores directos del crimen no hayan sido autoridades, sabemos y esto ha sido documentado, por ejemplo, por el National Security Archive de Estados Unidos, por los colegas que han trabajado asiduamente en los documentos desclasificados de inteligencia, los cables de los consulados y de las entidades de inteligencia tanto de México como de Estados Unidos, sabemos lo que se sabía previo, durante y después de estos crímenes, sabemos que hubo información que se soslayó, se ignoró y se encubrió que entonces detona responsabilidad ética, política y jurídica del Estado mexicano en todos sus niveles. Estamos hablando de responsabilidad de todas las entidades policiales, municipales, estatales y federales y militares desde la Marina y todas las fuerzas militares en el terreno. Y por ende estamos hablando de la responsabilidad del Estado mexicano”.
CRIMINALIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
El antropólogo haitiano Wooley Edson Louidor, profesor de la Universidad Javeriana de Colombia, planteó que la masacre de San Fernando debe entenderse en un contexto regional de criminalización de la migración, que se intensificó recientemente con las políticas restrictivas de la era Trump en Estados Unidos.
“Hasta hoy día las narrativas que cuentan estas tragedias y también incluso algunas investigaciones -por supuesto que no son muy académicas- caen en una trampa, que es como en la tragedia establecer correlaciones entre grupos delincuenciales con los migrantes que son, digamos, los sobrevivientes, las víctimas y todo eso deja un panorama muy confuso.
Y pues justamente en este panorama confuso es cuando gobiernos como el Trump lo que hacen es justificar esta impunidad, justificar esta excepción y tratar de evadir la cuestión ética, la cuestión política, la cuestión jurídica de la responsabilidad, de la protección”, expresa. Así, reitera, se ha vuelto más fácil responsabilizar a los migrantes de sus tragedias.
“El discurso de Trump va a ser, justamente criminalizar a las migraciones. Es como para decir que los que tienen la culpa son son los mismos migrantes, y justificar esta criminalización, ilegalizar a esos migrantes como para decir que en este asunto los Estados no tenemos nada que ver, son ellos que se matan entre ellos. ¿Listo? Entonces ahí no hay necesidad de hacer una investigación, de tomar decisiones, mucho menos de hacerse cargo de las víctimas. Entonces es una de las cosas que dejan estos crímenes, estas tragedias que involucran a personas del sur, vamos a decirlo así, es como una gasolina, que juega un papel central.
Yo la lectura que hago de la de la era Trump es una era en la que uno de los puntos centrales es criminalizar las migraciones. Por eso me parece a mí que es importante, masacres como esta que que hoy estamos conmemorando, no solamente de verlas desde el lado mexicano, sino que ver que es como un antecedente, una pieza, una prefiguración, una metáfora de lo que se quiere hacer con el sur, de cómo se está hostilizando, se está, o sea, se está tratando toda esta migración que proviene del sur este como si fueran enemigos”. LA DEUDA DE VERDAD Y MEMORIA El antropólogo mexicano Claudio Lomnitz, subrayó que, a pesar de la trascendencia de la masacre en tantos sentidos, sigue pendiente un proceso de verdad histórica. “La falta de las investigaciones judiciales, la dificultad de investigación periodística del trabajo extraordinario que hizo Marcela Turatti sobre los hechos del llamado San Fernando II, es decir las fosas por un lado, las desapariciones y asesinatos que hubo en San Fernando durante la guerra entre los carteles en esa ciudad y en ese municipio y después la serie de desapariciones, de asesinatos de jóvenes que venían en los autobuses rumbo a a la ciudades de Reynosa y de Matamoros, que quedaron enterrados en las fosas, hacen notar que todavía no tenemos algo parecido ni remotamente parecido para el llamado San Fernando I es decir para los 72, no hay una investigación periodística, no hay una verdad Judicial”. Lomnitz agregó que la masacre debe analizarse como parte de una transformación más amplia en la economía de la migración:
“Estamos hablando de violencia que tiene que ver con las economías que surgen en torno de la migración y de la migración trasnacional específicamente, estas economías, son las que encuadran en estos eventos, pero no son tampoco exactamente la que explica tal o cual evento los eventos de San Fernando I y II, y Cadereyta, son eventos que se dan en un contexto específico de las guerras al interior del crimen organizado en el contexto de escisión; el otro contexto es que es el proceso mediante el cual los carteles quieren irle arrebatando el negocio al coyotaje, como era antes en México; México es un país que han enviado migrantes, desde hace más de 100 años, no es un fenómeno del neoliberalismo, es un fenómeno, digamos de largo aliento que desde luego se intensifica con la crisis de los años 80 y 90 con la transición neoliberal, en el caso mexicano, pero que no se origina ahí y entonces tenemos una tradición de movimiento migrantes que tenía una economía en el llamado Coyotaje, esa economía era una economía local como era también el narcotráfico en los años 60, por así decirlo artesanal.
Parte del contexto de las matanzas de San Fernando, es un proceso en donde se le está arrancando el negocio a los coyotes muchas veces de los mismos pueblos de donde están migrando las personas, y se están arrebatando las rentas de ese negocio. Entonces ese es el contexto en que se dan estas matanzas y parte de la razón por la que todavía no sabemos bien, exactamente qué fue lo que sucedió, no sabemos si esos 72 fueron asesinados por los motivos que descubrió y escribió Marcela Turatti.
Tenemos varias explicaciones ninguna de las cuales ha sido confirmada, porque las investigaciones judiciales, no sólo la de San Fernando, sino la de Cadereyta, no ha habido una sola investigación judicial realmente ciento por ciento creíble”.
POR STAFF/EXPRESO-LA RAZÓN
