Luego de mucho tiempo en que las barreras se mantuvieron erguidas y los candados cerrados, empieza a derrumbarse la protección sistemática que habían recibido los funcionarios del régimen panista que cometieron evidentes actos de corrupción.
La muestra más evidente es el fallo de culpabilidad contra Mario Gómez Monroy, el es Secretario de Educación, a quien se le acusó de peculado por un monto de 8 millones de pesos, relacionado con la contratación y cobro irregulares de Seguros.
A juzgar por las versiones que circularon con insistencia en el pasado, el monto por el que finalmente se logró castigar al ex funcionario, parece menor comparado con los negocios que se habrían hecho al amparo del poder, pero en todo caso es suficiente para que la justicia finalmente lo alcance.
Pero no es solo este caso el que hace evidente que Tamaulipas ha entrado a una nueva etapa en la impartición de justicia.
Ya se había dicho desde el año pasado, tras la elección judicial, el estado tiene ahora una nueva estructura más aceitada, apta para romper la cadena de impunidad que alcanzó para proteger a los operadores más importantes del sexenio pasado.
En el Tamaulipas del 2025, hay una Fiscalía Anticorrupción que no está más en manos del cabecismo y que parece ha empezado a activarse después de años de omisiones.
Hay una Auditoría Superior del Estado que también tiene un rostro muy diferente a la que condujo Jorge Espino Ascanio.
Y a partir del 30 de septiembre, habrá una nueva red de jueces y magistrados en el estado, que -se supone- no velarán más por los intereses del pasado.
Por ello cobra relevancia que la Diputación Permanente haya aprobado un punto de acuerdo para que el auditor, Francisco Noriega Orozco, denuncie por la vía penal a quienes aprobaron sin ver decenas de cuentas públicas del cabecismo.
Si esta nueva estructura de procuración e impartición de justicia dignifica su nueva condición, tendría que ofrecer resultados y acelerar los procesos para castigar a quienes cometieron delitos. Y pronto.
Obelisco en Tampico: muy mala idea
Qué bueno que la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal ya advirtió que su gobierno no promueve el proyecto de reformar la Plaza de la Libertad para convertirla en una explanada e instalar, en el sitio donde ahora está el quiosco, un obelisco.
La propuesta es de la asociación Rescate Histórico de México y data al menos de la década pasada, cuando ya había pedido a las autoridades la inversión en este monumento.
Ahora volvieron a la carga con mayor ímpetu, y su presidente David Granados busca el apoyo de cámaras empresariales para llevar a cabo esta obra que es tan ambiciosa como innecesaria, por no decir que hostil.
Para conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Tampico no haría falta destruir la disposición de una plaza tan emblemática para el puerto.
Tampoco convertirla -como pretenden- en un espacio apto para la celebración de eventos con 1,500 espectadores, en los que se puedan presentar espectáculos de videomapping (que “Rescate Histórico de México sabe cobrar muy bien a los entes públicos).
Ojalá que ni la asociación, ni las cámaras empresariales terminen por convencer a la presidenta municipal.
Por. Miguel Domínguez Flores
