CIUDAD VICTORIA, TAM.- Una nueva renuncia de un juez electo fue presentada este día ante el Congreso del Estado, con lo que se suman cinco los juzgadores que declinan a tomar protesta al cargo al que fueron electos.
En esta ocasión, Jesús Terán Martínez quien había sido electo como juez de primera instancia en materia laboral en la V región judicial, con sede en Reynosa, presentó su renuncia voluntaria.
Los legisladores de la comisión permanente resolvieron con base en la Constitución local, las leyes aplicables y los principios de paridad de género, designar a Juan Jesús Anaya Fernández.
El pasado 11 de septiembre el Congreso aceptó las renuncias de Ivon Gonzales Salinas, jueza de primera instancia en materia civil en el distrito judicial 3 en Nuevo Laredo; Anabel Almazán Botello, jueza de primera instancia del distrito 2 en Altamira.
Además de Yaritza Adziry Bonilla Molina, electa jueza primera instancia en materia mixto civil y familiar en el distrito 7 en El Mante y Javier Colunga Reséndiz, electo juez de primera instancia en materia civil del distrito 4 de Matamoros; además de María Dora Chávez Cantú y Ángel Valencia Martínez, quienes debían sustituir a dos de sus compañeros pero también declinaron hacerlo.
El próximo 30 de septiembre, el Congreso de Tamaulipas tomará protesta a 19 magistraturas y 128 juzgadores que iniciarán sus funciones a partir del 1 de octubre.
Aprueban endeudamiento para Matamoros
Durante la sesión, también se aprobó una iniciativa de decreto para autorizar al municipio de Matamoros, la gestión y contratación de uno o varios financiamientos en la modalidad de crédito simple, con la finalidad de impulsar obras de alto impacto social.
Durante la discusión, el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández expuso su respaldo, asegurando que se trata de una estrategia financiera sólida y responsable, alineada con los principios de la Ley de Disciplina Financiera.
“Esta medida permitirá ejecutar obras en materia de salud, educación y desarrollo urbano y rural, dentro del catálogo autorizado por el FAIS; además, se garantiza que los recursos serán liquidados en un plazo no mayor a 24 meses, es decir, dentro de la administración 2024–2027, sin comprometer a futuras administraciones”, señaló.
Perla Reséndez
Expreso-La Razón
